Esperanza Franco es una abogada española que defendía a inmigrantes en la frontera con México, pero ahora deberá enfrentar su propia deportación, debido a un trámite incorrecto para su visa de trabajo.
Franco se mudó a la facultad de derecho de la Universidad de Arizona y se graduó con un doctorado en mayo de 2017, cuando firmó con el Proyecto Florence, que brinda servicios legales a quienes enfrentan una deportación.
La abogada le pidió al Proyecto Florence que la apadrinara para obtener una visa de trabajo, que el gobierno estadounidense otorga por una lotería, para contratar a profesionales extranjeros altamente calificados.
Asimismo, la abogada señaló que en el Proyecto Florence le dijeron que si no funcionaba la solicitud por medio de la lotería, solicitarían su visa en un estado de exención de capital, pero sus jefes no tuvieron lista la solicitud y ahora en cualquier momento pueda ser arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La directora ejecutiva del Proyecto Florence, Lauren Dasse, aseguró que Franco es considerada una «abogada inteligente y sólida, aunque ahora podría estar mintiendo sobre los hechos”.
El permiso de trabajo como estudiante de Franco expiró en julio, lo que significa que la deportarían en 60 días. “Si no puedo (inscribirme con visa de estudiante), tengo hasta el 10 de septiembre para salir del país. En el momento en que pierdo el estatus, soy deportable”, expresó Franco.
Detienen en EE.UU a un hombre que trasladaba a su mujer a dar a luz
Otro caso que muestra la política de tolerancia cero de Trump es el de Joel Arrona Lara, ciudadano mexicano y obrero de la construcción, quien fue detenido por la policía migratoria en San Bernardino, California, cuando llevaba a su esposa al hospital para dar a luz mediante una cesárea.
Cuando María del Carmen Venegas entregó su identificación en una gasolinera, Joel Arrona no lo hizo, porque la había dejado en casa por la premura de llegar al hospital, pero la policía lo hizo salir del vehículo para un chequeo, lo esposó y se lo llevó detenido. Los agentes dejaron sola a la mujer embarazada y “pusieron el bienestar y la seguridad de la madre y el bebé en riesgo”, dijo el abogado defensor Emilio Amaya García.
Los hechos evidencian como el Servicio de Migración de Estados Unidos coloca como prioridad la seguridad de ese país, y no le da ninguna importancia a la vida de un ser humano próximo a nacer.
NR
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