Estados Unidos impuso este jueves medidas coercitivas unilaterales a compañías e individuos mexicanos y a dos buques petroleros que presuntamente formaban parte de un programa destinado a enviar petróleo a Veenzuela.
Las compañías fueron acusadas de «transportar petróleo robado al pueblo venezolano» y ayudar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a sortear las restricciones impuestas por Washington.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro dijo que impuso sanciones a tres individuos, ocho entidades extranjeras y dos embarcaciones por actividades relacionadas con una red que intentaba eludir las sanciones estadounidenses sobre el país suramericano.
Sus acciones y sanciones son criminales @SecPompeo. Hagan lo que hagan no torcerán la voluntad del pueblo venezolano. Ninguno de sus planes ha funcionado con Venezuela, ni funcionará. Gracias por sus confesiones y elementos de prueba para llevarlos a la Corte Penal Internacional https://t.co/uSFJ9HQ4vC
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) June 18, 2020
En la lista negra figuraban la empresa mexicana Libre Abordo y Schlager Business Gruop, así como sus copropietarios, la mexicana Olga María Zepeda Esparza y su madre, Verónica Esparza García.
El Tesoro también apuntó al mexicano Joaquín Leal Jiménez, a quien acusó de haber trabajado con Alex Saab, junto a las compañías Libre Abordo y Schlager Business Group, y además negociar la reventa de millones de barriles de crudo venezolano.
Ambas empresas comenzaron a recibir crudo venezolano para su reventa en los mercados asiáticos a finales del año pasado, después de firmar dos contratos con el Gobierno de Nicolás Maduro a mediados de 2019, reseñan medios locales mexicanos.
Washington sigue promoviendo un cerco contra Venezuela. Pretende que no podamos exportar petróleo para que el pueblo venezolano se quede sin alimentos, medicinas, gasolina. El sistema multilateral de la ONU debe reaccionar. Llevaremos este caso a la Corte Penal Internacional. https://t.co/yNtL31RKE5
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) June 18, 2020
Las sanciones tan solo días después de el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dejara la puerta abierta para vender gasolina a Venezuela, si el Gobierno de Maduro se lo pidiera, argumentando que sería por satisfacer “una necesidad humanitaria”.
Ante estas nuevas sanciones, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, denunció las nuevas medidas impuestas por Estados Unidos y aseguró que sus acciones serán llevadas ante la Corte Penal Internacional (CPI).
NB/VtActual