«El docente jubilado venezolano está condenado a vivir de la limosna, el auxilio o la caridad de sus familiares y amigos. Fui jubilado en 2007, con 28 años de servicio y mis prestaciones sociales fueron canceladas siete años después, cuando ya no valían nada. La falta de organización del Ministerio pulverizó mi esfuerzo de toda una vida».
Así lo expresó Tomás Terán, docente jubilado del Ministerio de Educación, quien además denunció que aunque con el salario actual que se le cancela por concepto de jubilación no puede ni costear su alimentación, las autoridades decidieron suspenderlo a aquellas personas que no cumplan con el proceso de verificación de fe de vida.
El requisito es exigido cada seis meses por las instituciones del Estado para comprobar la supervivencia del personal jubilado.
Terán tildó de absurda la solicitud, porque el Estado cuenta con un departamento de identificación en el Consejo Nacional Electoral que suministra toda la data de las personas que han fallecido en el país.
«Si el Ministerio tuviera la voluntad de ayudar a los jubilados pediría la información ante ese ente en vez de afectar a miles de personas que debido a la situación actual no pueden movilizarse«, aseguró.
De acuerdo con Terán, lo más grave es que muchos de los jubilados que aparecieron en la lista publicada por el Ministerio entregaron la fe de vida a principios de año. Sin embargo, fueron nuevamente convocados.
«Salimos nuevamente en la lista a pesar de haber entregado este documento. Ahora, meses después, es que el Ministerio informa que su correo electrónico se saturó y que los trabajadores deben presentarse ante las respectivas zonas educativas para entregar la fe de vida«, explicó Terán.
La Asociación de Docentes Jubilados confirmó esta información mediante un comunicado emitido el pasado 9 de junio. En el documento, solicitan que se extienda el plazo para el cumplimiento de la verificación, considerando que los adultos mayores son una población de riesgo ante la pandemia de Covid-19.
Para Terán, el riesgo que representa salir a la calle a intentar cumplir con el proceso de verificación, no lo vale el monto que cancela mensualmente el Ministerio de Educación por concepto de jubilación.
Consecuencias, abusos y errores
El pasado 5 de junio, unos 100 educadores jubilados del estado Cojedes denunciaron que su sueldo había sido suspendido desde marzo por órdenes de la Gobernación de la entidad, por no haber cumplido con los requisitos establecidos para dar fe de vida.
Como pudieron, lograron tramitar el documento. Sin embargo, la oficina donde deben entregarlo no se encuentra trabajando porque permanece en cuarentena. Una de las autoridades de la Gobernación les aseguró que los sueldos que no han recibido hasta el momento serían cancelados en el mes de julio.
Estos salarios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 92 de la Constitución venezolana, deberían ser cancelados con intereses de mora, pero de acuerdo con los docentes esto casi nunca se cumple.
Un ejemplo de ello es el caso de Terán, quien después de esperar siete años sus prestaciones las recibió devaluadas. Estas fueron canceladas en 2014 según el monto calculado y establecido en 2007, sin los intereses correspondientes.
El concepto, se vio afectado por una reconversión monetaria (ejecutada el 1 de enero de 2008) y también por la galopante hiperinflación que comenzó a destruir el poder adquisitivo del venezolano en 2013. «Con lo que me dieron ni siquiera pude invitar a cenar a mi esposa», afirmó Terán.
Este «error» por parte de la administración forma parte de una larga lista de omisiones o abusos que han llevado a los docentes jubilados prácticamente a la indigencia.
Con un sueldo que ronda los 800 mil bolívares (unos 4 dólares según la tasa del día publicada por el Banco Central de Venezuela), los jubilados apenas pueden comprar medio cartón de huevos y un kilo de queso.
A esto se une la insuficiencia del seguro médico que durante muchos años fue el principal atractivo de la administración pública para atraer a los profesionales a sus filas.
En la actualidad, el mejor seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad apenas cubre 10 millones de bolívares para gastos médicos por asegurado y dos millones para gastos funerarios.
Aún así, el Ministerio de Educación hizo un llamado recientemente a todos los educadores jubilados a que regresaran a las aulas a dar clases. Una oferta que habría sido muy tentadora si las condiciones sociales y económicas fueran otras.
Andreína Ramos Ginés/ VTactual.com
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