Una acción que en cualquier país del mundo resultaría normal, en Venezuela se ha convertido en todo un escándalo. El allanamiento a la inmunidad parlamentaria aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), contra siete diputados opositores del poder legislativo que participaron en el intento de golpe de Estado, no sólo es una medida que se esperaba, sino que se hace obligatoria para cumplir con lo dispuesto en la constitución venezolana para estos casos. Seguramente cualquier constitución que se respete, contempla procedimientos similares para acciones de este tipo.
Se trata de los diputados Edgar Zambrano, Luis Florido, Henry Ramos Allup, Richard Blanco, Mariela Magallanes, José Simón Calzadilla y Américo De Grazia, quienes participaron activamente y de manera flagrante en el levantamiento militar fallido del 30 de abril. El anuncio lo hizo el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, quien confirmó que los diputados no ameritan antejuicio de mérito porque los delitos fueron cometidos en flagrancia.
La solicitud de allanamiento a la inmunidad parlamentaria fue llevada al Tribunal Supremo de Justicia, poder que comprometió la responsabilidad de seis de los siete parlamentarios en actos de “traición a la patria” y conspiración. Los diputados Henry Ramos Allup, Luis Germán Florido, Mariela Magallanes López, José Simón Calzadilla Peraza, Américo De Grazia y Richard José Blanco Delgado, serán procesados por estos delitos que cometieron de manera “flagrante”.
De esta manera, los parlamentarios procesados se unen al diputado inhabilitado Juan Guaidó, entre los miembros del legislativo que ya no gozan de inmunidad y pueden ser enjuiciados por delitos contra la estabilidad democrática del país. La llamada “Operación Libertad”, cada vez cuenta con menos amigos en Venezuela y el mundo, pues la aventura golpista está dando un saldo político negativo.
Desde la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, se declaró el acto “nulo de toda nulidad”, por lo que el juego político podría complicarse con las venideras acciones. Cabe recordar que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato con el resto de los poderes públicos en Venezuela, por lo que sus acciones, incluida la proclamación de Guaidó como presidente, están fuera de la ley.
RB
