La entidad de carácter público y autónomo que investiga las violaciones a los derechos humanos en el país y que preside el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presentó un hábeas corpus «exigiendo que se resguarde la integridad de todos los trabajadores detenidos y se ordene su inmediata libertad».
Asimismo, la organización instó al Estado a que encuentre «un camino de resolución pacífica y mediante el diálogo de todos los conflictos sociales», dado que «ésa es la única garantía de democracia».
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) manifestaron su solidaridad a los trabajadores de la planta ubicada en la localidad de Vicente López, en Buenos Aires, ante la amenaza de desalojo y la atroz represión por parte de la policía bonaerense que avanzó durante la madrugada de este jueves contra el campamento que los obreros habían armado en los alrededores de la planta de alimentos, disparando balas de goma, gas pimienta y gases lacrimógenos.
La Central de Trabajadores de Argentina acusó al Gobierno de Mauricio Macri y a la gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, partidaria del mandatario argentino, de brindar protección «al vaciamiento de la empresa por parte de la multinacional que ahora importa desde Chile los productos que se hacían acá».
Frente a la polémica, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justificó el operativo violento de desalojo y aseguró que el gobierno de la provincia de Buenos Aires «hizo lo que tenía que hacer y actuó».
Con información de Telesur
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