A finales de 2019, un elemento reavivó el conflicto independentista catalán, que ya venía caldeado desde 2018, durante el intento de investir como presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont, exiliado en Bruselas, y las consecuentes trabas impuestas por el Tribunal Constitucional para impedirlo, lo que los expertos llaman “bloqueo del parlament”.
El elemento mencionado detonó las masivas y prolongadas manifestaciones de octubre de este año: se trata de la sentencia firme del llamado “juicio del procés”, dictada el día 14/10, por el cual se condenó a prisión de entre nueve y 13 años a 12 de los 18 detenidos por delitos de sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia.
Así las cosas, Meritxell Borràs, Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Carles Mundó, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Santi Vila recibieron sendas condenas y procedimientos de inhabilitación política que conllevaron al rechazo de buena parte de la ciudadanía catalana contra las instituciones españolas.

Si bien el evento más preponderante del proceso soberanista de Cataluña había sido, hasta ahora, el referendo de independencia de 2017 –en el que el sí ganó con 90,8% de apoyo, y que generó reacciones opuestas desde Madrid- el reino de España no había tomado hasta ahora ninguna decisión legal contra las demandas de la comunidad autónoma, gravemente disgustada desde hace una década con la administración central por sus históricas políticas.
Las reacciones populares
El mismo día en que se dio a conocer la sentencia, el 14 de octubre de 2019, se produjeron concentraciones y manifestaciones de protesta en toda Cataluña. Incluso, hubo cortes de carreteras, de vías férreas y de acceso al aeropuerto de Barcelona-El Prat, que sirve nacional e internacionalmente a la “ciudad condal”, lo que obligó a cancelar cerca de 100 vuelos.
Durante tres noches se produjeron graves disturbios en Barcelona y en otras ciudades catalanas, de lo que Madrid y los partidos de la derecha (Vox y PP) culpaban al presidente catalán, Quim Torra. De hecho, durante las semanas subsiguientes, Pedro Sánchez se negó a hablar con el mandatario local.

No obstante, Torra afirmaba: “Siempre hemos condenado y condenaremos la violencia” y atribuyó algunos de los altercados a “infiltrados” y al exceso policial.
Un reino opuesto al respeto
Lo cierto es que, desde Cataluña, diversos partidos nacionalistas catalanes, vascos, gallegos, baleares y valencianos firmaron un manifiesto, a finales de ese mes, en el que señalaban que en el reino de España “no existe ningún reconocimiento ni respeto por la plurinacionalidad, ni ninguna separación de poderes”.
“Por el contrario, existen continuas amenazas de suspensión de la autonomía, del autogobierno y de los derechos históricos por cualquier vía”, agregaron en coincidencia con lo que manifestaban cientos en las redes sociales: “La policía se está cebando en Cataluña, mientras los medios mienten sobre quienes causan la violencia”. A esas alturas, ya se contabilizaban más de 180 heridos en la región, 152 de ellos en Barcelona.
Pero incluso antes de la sentencia del Procés, y de cara a las elecciones del 10 de noviembre, el gobierno central ya avizoraba una creciente tensión en Cataluña, por cuanto el Ministerio de Interior envió tropas antimotines para coordinar los Mossos de Escuadra (la policía regional) el tradicional dispositivo de Madrid para el aniversario del referéndum independentista.
Sánchez urgido, independentismo incólume
Una encuesta posterior a las elecciones de noviembre y a la sentencia del procés, realizada por el Centro de Estudio de Opinión de la Generalitat, resalta que 43,7% de los catalanes sigue a favor de la independencia, contra el 47,9% que prefiere seguir atado a España. Números, si se quiere, muy cerrados, que plantean la enorme división que experimenta la comunidad autónoma en estos momentos.

En medio de este escenario, un Pedro Sánchez agobiado por la necesidad de formar gobierno decidió tras muchas negativas hablar telefónicamente con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y acordar una reunión “cuanto antes”.
Mientras tanto, negocia con la ERC (la Izquierda Republicana Catalana) de Oriol Junqueras –sí, uno de los sentenciados del procés- el apoyo para su investidura.
Y aunque el PSOE está mostrando en sus negociaciones con ERC que está dispuesto a trabajar para encauzar el diálogo en Cataluña, la Generalitat ha dicho que «la solución al conflicto pasa por el ejercicio del derecho de autodeterminación, el fin de la represión y la libertad de los presos políticos”. La situación catalana no se resolverá tan fácilmente como que Moncloa sume a la izquierda catalana al Gobierno.
FF