El presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Puerto Rico, Carlos Méndez, sometió a consideración un proyecto de ley para atribuir a la Secretaria de Justicia de la isla la autoridad para instar cualquier acción legal en defensa del pago íntegro de las pensiones de todos los retirados de la administración pública.
Dicha decisión se produce ante “los nuevos anuncios sobre el plan fiscal que contempla una reducción de 10% del beneficio a los jubilados del Gobierno de Puerto Rico”.
Por tal razón, el Proyecto de Ley 1716, como se denomina la propuesta de la cámara baja boricua, busca fortalecer la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados” o Ley 106 de 2017, la cual declaró en estado de emergencia el sistema de retiro de los empleados del Gobierno de Puerto Rico, de la Judicatura y de los Maestros.
“Se declara como política pública extender las mencionadas protecciones acudiendo a todos los foros judiciales que sean necesarios para lograr tales fines”, agrega el proyecto de la Cámara.
Cabe mencionar que la Ley 106 de 2017 declaró política pública del Gobierno de Puerto Rico la protección de las pensiones “y del futuro de los servidores públicos”, en aras de un “retiro digno, libre de incertidumbre e impulsó la creación de un fideicomiso para el Pago de Pensiones Acumuladas, bajo custodia del Departamento de Hacienda.
Otro de los integrantes de la Cámara de Representantes, José Enrique Meléndez, alertó que la Junta de Control Fiscal insiste, además, en eliminar el bono navideño, beneficios médicos y pago de horas extras, lo que podría “generar una reacción en cadena que afectaría aún más la economía de Puerto Rico”.
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