La corrupción es un mal con el que la sociedad peruana se acostumbró a vivir, en buena medida por la consecutiva mala praxis administrativa de sus más recientes gobernantes. Casi todos los ex presidentes del Perú desde finales del siglo XX hasta nuestros días, han salido de su puesto por corrupción, han sido juzgados, están condenados a prisión o, en el peor de los casos, cometieron suicidio antes de ser arrestados.
Ante este oscuro panorama político, el presidente nombrado por el Congreso, Martín Vizcarra, tomó la decisión de disolver al ente legislativo tras los numerosos obstáculos que interpuso para aplicar reformas en las leyes anticorrupción, acciones que tuvieron su momento cumbre cuando decidieron nombrar magistrados controlados por el fujimorismo para renovar sus cargos frente al Tribunal Constitucional.
La división entre los poderes viene desde 2016, momento en el cual fue electo el actual congreso de mayoría fujimorista y controlado por la apresada Keiko Fujimori, que usó esa estructura legislativa para beneficio propio y pretende seguir en la misma dirección al ratificar en sus puestos a varios magistrados retratados con ese sector opositor.
La lucha de Vizcarra
Martín Vizcarra llegó al poder tras la destitución y arresto por corrupción de Pedro Pablo Kuczynski, de quien fue vicepresidente. Desde su arribo a la presidencia propuso varias alternativas para adelantar reformas importantes para la lucha contra la corrupción, muchas de las cuales se reñían con la forma de hacer política de muchos diputados del fujimorismo. Por esta razón las propuestas de Vizcarra fueron rechazadas o engavetadas en el Congreso.
El presidente declaró al momento de disolver el Congreso, que tomó la decisión para «dar un fin a esta etapa de entrampamiento político que ha impedido que Perú crezca al ritmo de sus posibilidades». El mandatario convocó a elecciones legislativas para enero de 2020 y explicó que espera que «esta medida excepcional permita que la ciudadanía finalmente se exprese y defina en las urnas y mediante su participación el futuro de nuestro país».
La pugna se agrava
Tras la disolución del Congreso, los parlamentarios desconocieron la decisión y destituyeron a Vizcarra para nombrar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien fue juramentada como presidenta en funciones de manera temporal. Sin embargo esta acción ha sido invalidada con el argumento de que «carece de validez y eficacia jurídica todo acto relativo a la función parlamentaria realizado por los congresistas cuyo mandato ha sido revocado».
Por otra parte, la Fuerza Armada y la policía reafirmaron su lealtad al presidente Martín Vizcarra y respaldaron su decisión de disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias. También buena parte de la población peruana respaldó al presidente y cuestionó la corrupción del sistema político de su país, ahogado por este flagelo desde hace varias generaciones.
RB
