InicioDestacada7 casos de lawfare contra la izquierda latinoamericana #1raParte

7 casos de lawfare contra la izquierda latinoamericana #1raParte

Desde 2015, Latinoamérica ha ido sufriendo un viraje gradual hacia la derecha en el espectro político, luego de pasar más de una década con gobiernos de izquierda de diversos pensamientos y corrientes. Tal como lo explicaba el internacionalista Luis Quintana en una exclusiva para VTActual.com, la derecha poco a poco ha ido retomando el poder en la región, valiéndose de algunos errores de la izquierda pero sobre todo usando a corporaciones mediáticas para magnificar dichos errores e inventar otros. A esto se suma siempre una oferta electoral fraudulenta en la que proponen cambios y mejoras pero que siempre terminan beneficiando a los grandes capitales.

Recientemente, el Foro de Sao Paulo alertó y condenó este comportamiento reaccionario de los gobiernos de derecha en la región, que disfrazado bajo supuestas acciones de justicia ante actos de corrupción, realmente buscan eliminar los liderazgos de dirigentes de izquierda que gozan de gran popularidad y que suponen grandes riesgos para los intereses del capital en la región. Es lo que se conoce como lawfare, aplicar la justicia con intereses políticos.

«Seguimos en pie de lucha ante los efectos de una ofensiva reaccionaria, conservadora y restauradora neoliberal de las élites mundiales» impulsadas por «el capitalismo del Gobierno de los Estados Unidos, sus aliados y las clases hegemónicas«, afirmó la secretaria ejecutiva del Foro, Mónica Valente. Por su parte, el excanciller de Ecuador, Ricardo Patiño, calificó de persecución política y judicial a lo que actualmente ocurre en los países donde la derecha ha logrado sacar del gobierno a los gobiernos progresistas. Por ello, VTActual.com te trae a continuación 7 casos que evidencian esta persecución, cuyo objetivo no es más que garantizar la erradicación todo aquello que atente contra los intereses de los grandes capitales.

1. Caso Dilma

Dilma Rousseff fue destituida de la presidencia de Brasil en 2016 por supuestamente «maquillar cifras», luego de firmar tres decretos que permitían pagar deudas y proyectos sociales que se tenían previstos en el presupuesto nacional. Esto sirvió para acusarla por “delitos de responsabilidad”, tipificados en la Ley de Impeachment de 1950, debido a que supuestamente incurría en “nuevos gastos” que debían pasar por el Congreso brasileño para ser aprobados. Uno de los argumentos que tumba dicha acusación es que para poder poner en marcha esos decretos, primeramente son los funcionarios expertos de Hacienda quiénes inician los trámites y quienes están en conocimiento de los tecnicismos legales. Posteriormente pasan por un sistema electrónico que en caso de incurrir en alguna prohibición o contradicción con la ley, jamás podrían llegar a la última instancia, es decir, la presidencia del país en donde serían aprobados o refutados.

Valiéndose de tecnicismos, que en ningún caso se convirtieron en pruebas contundentes, los congresistas impulsaron el impeachment; «paradójico» tomando en cuenta que muchos de estos legisladores están bajo investigación o han sido enjuiciados posteriormente por graves crímenes de corrupción y malversación de fondos públicos como Eduardo Cunha y Renan Calheiros. Otra incongruencia es que la Ley del Impeachment es una vieja ley que entra en contradicción con la vigente Constitución de 1988, máxima ley de la República; en términos legales, es la Carta Magna la que dictamina qué hacer debido a que está por encima de todas las demás legislaciones.

Otro dato «curioso» es que Michel Temer, actual presidente de Brasil desde 2016 (sin obtener voto alguno), no hizo nada para defender a su supuesta aliada. Además, pese a estar vinculado a diversos escándalos de corrupción, (peores que los que le achacaron a Dilma y le «costó» la presidencia), no ha enfrentado ningún juicio por ello, ni mucho menos acusaciones desde el Congreso, tan preocupado por la lucha anticorrupción. Es más, desde el sistema judicial le echaron una mano para detener varias averiguaciones como por ejemplo el escándalo que generó una grabación en la que Temer conversa con uno de los dueños del gigante cárnico JBS, Joesley Batista, avalando la compra del silencio del exjefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, en las investigaciones de Lava Jato.

2. Lula

Luiz Inácio Lula da Silva, el antecesor de Dilma Roussef, está recluido desde 2018 bajo prisión preventiva, algo que viola la propia Constitución brasileña, que señala que ninguna persona podrá ser privada de libertad sin una sentencia absolutamente firme, como es el caso de Lula, quien enfrenta un juicio a todas luces parcializado y viciado de inconsistencias. No lo dice el periodista que escribe estas líneas, sino una gran cantidad de especialistas en la materia y organismos de diversa naturaleza como abogados, docentes universitarios, sociólogos y expertos en jurisprudencia.

Entre las principales inconsistencias está, nada más ni nada menos, que no existen pruebas de que Lula haya aceptado ser beneficiado con un apartamento como soborno por parte de la constructora OAS. El juez Sergio Moro (que suele reunirse y frecuentar fiestas de la derecha brasileña, además de ser acusado por otro juez por torturar a detenidos) no ha podido probar su acusación porque lo único que existe es la palabra del exdirector de la constructora OAS, que se contradice con 73 testigos entrevistados por el caso. Además, Moro tampoco ha podido hallar ni una sola cuenta, inmueble o beneficio indebido perteneciente a Lula.

Otro elemento que genera suspicacia, por decir lo menos, es que los jueces y fiscales encargados de llevar a cabo el juicio de Lula, en especial Moro, han hecho declaraciones a los medios, emitiendo opiniones políticas en medio de un juicio, culpando ya de antemano a Lula sin que éste haya siquiera podido defenderse de una gran cantidad tergiversaciones, acusaciones y supuestas pruebas no contrastadas con el fin de dañar la popularidad del carismático exmandatario y disminuir la reacción del pueblo brasileño.

JA

7 casos de lawfare contra la izquierda latinoamericana #2daParte

LEE Más

spot_img