23 de enero de 2019 es la fecha de la autojuramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, medida que sorprendió a la propia facción opositora como en su momento lo expusieron el diputado Edgar Zambrano y el político Henrique Capriles Radonsky.
23 de febrero fue el día escogido por Guaidó y sus cómplices para impulsar acciones de desestabilización contra Venezuela desde la frontera, con la organización de un concierto para recaudar fondos para apoyar supuestamente a los migrantes venezolanos y manifestaciones para acompañar el ingreso ilegal de un cargamento de insumos enviado por EE. UU. que más tarde sería quemado por la propia oposición para culpar del hecho al Gobierno venezolano.
30 de abril fue cuando impulsó un golpe de Estado contra Maduro, coordinó la fuga del dirigente opositor Leopoldo López, condenado por delitos de lesa humanidad y promovió una operación de falsa bandera con oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas, a quienes utilizó para recrear un supuesto levantamiento militar.
72 millones de dólares han sido los fondos aprobados en 2019 por el Gobierno de EE. UU. para impulsar los ataques contra Venezuela. La mayoría de esos fondos están destinados, de acuerdo con la administración estadounidense, al envío de ayuda humanitaria a los países donde han emigrado ciudadanos venezolanos.
Sin embargo, los fondos han sido utilizados para el pago de sueldos de los “funcionarios” del gobierno paralelo de Guaidó, teoría que fue confirmada por el Gobierno de #DonaldTrump al especificar que los 52 millones de dólares aprobados el pasado mes de septiembre no debían utilizarse para tal fin.
Asimismo, luego de los escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelto Guaidó, sus aliados estadounidenses decidieron que el 100 por ciento de los recursos será administrado a través de implementadores autorizados únicamente por las autoridades de ese país.
10 son algunos de los delitos por los cuales la Fiscalía General venezolana investiga a Guaidó. Entre ellos: traición a la patria, conspiración, instigación, asociación para delinquir, negociaciones ilegales, vinculación con células terroristas y paramilitares, intento de golpe de Estado, legitimación de capitales, llamados a la ciudadanía a cometer delitos, exaltación de la violencia e instigación al saqueo.
11 son los diputados opositores involucrados en un escándalo de corrupción sin precedentes, que involucra el sistema de distribución de alimentos creado por el gobierno venezolano denominado CLAP. Los funcionarios aludidos habrían solicitado al departamento del Tesoro de EE. UU. que dejara de investigar los millonarios contratos con los que salieron beneficiados tres empresarios colombianos: Alex Nain Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas quienes importaban al país alimentos de mala calidad.
14% es apenas el porcentaje de venezolanos que apoya actualmente a la oposición, luego de que esta defraudara la confianza de sus partidarios utilizando su posición privilegiada y el apoyo de las autoridades estadounidenses para beneficio propio.
81.4% es el porcentaje de venezolanos que asegura no confiar en Guaidó, de los cuales 12,9% aseguró que jamás había creído en su capacidad para dirigir a Venezuela o superar la crisis que actualmente atraviesa el país.
Pocos son los días que le quedan al diputado opositor para tratar de unificar a la oposición y garantizar una reelección en el Parlamento venezolano que se verá afectada sin duda por el retorno de la bancada oficialista a sus curules.
ARG/ VTActual.com
