¿Violencia de Estado?: de Cantaura a Barlovento, claves que hacen la diferencia

¿Violencia de Estado?: de Cantaura a Barlovento, claves que hacen la diferencia

Durante años se ha hecho énfasis en la violencia de Estado aplicada durante la IV República: persecución a militantes de partidos de izquierda, desapariciones, torturas, asesinatos, eran parte cotidiana de las denuncias que ingresaban a los organismos competentes, que siempre descartaban dichos procedimientos.

A propósito del surgimiento de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), los medios privados –estos sin reconocer las prácticas anteriores al chavismo- y ciertos sectores de la izquierda que hoy adversa al chavismo han iniciado una campaña de descrédito de la medida, tildándola de represiva y hasta comparándola con el “disparen primero y averigüen después” de la era Betancourt.

El mismo tiempo que iniciaría una senda con un saldo terrible hasta 1998: más de 10 mil casos, entre asesinatos, desapariciones, torturas y demás prácticas por fuerzas policiales, militares, oficiales e irregulares, según cifras manejadas por activistas de derechos humanos de la época.

Sin embargo, cabría repasar algunos de los episodios más oscuros de esa historia, para contrastar con lo sucedido en Barlovento, donde militares venezolanos, ya comprobado por las autoridades, masacraron a 13 personas, y que como cada situación venezolana, ha justificado una ardua campaña de cómo el Gobierno venezolano viola los Derechos Humanos (DDHH) en la actualidad.

El 4 de octubre de 1982 el presidente venezolano era Luis Herrera Campins. En Cantaura, estado Anzoátegui, un campamento guerrillero del partido Bandera Roja (para entonces de izquierda), fue emboscado. No eran las seis de la mañana todavía cuando comenzaron a caer los primeros racimos (doce granadas cada uno) explosivos sobre el campamento. A los 10, 15 minutos comenzó la metralla a caer desde un helicóptero.

Los que lograban escapar fueron siendo ajusticiados por un grupo de militares a pie. Jamás mediaron palabras entre disparos. El resultado final fue de 23 muertos de los 41 jóvenes (no pasaban de 30 años) que se encontraban en el lugar. Según se pudo corroborar a partir de exhumaciones ordenadas por el Ministerio Público en años recientes, los cadáveres presentaban tiros de gracia, lo que refuta la versión oficial de la época, que la calificó simplemente como un “encuentro armado”. No hubo heridos ni muertos del lado atacante.

Ya para entonces se hablaba de que el Secretario General del partido Bandera Roja era agente de la CIA y planificaba junto con las fuerzas del Estado venezolano emboscadas a militantes. Él mismo convocó al lugar en el que rápidamente fueron masacrados. No hubo imputaciones ni averiguaciones sobre el caso.

cantaura

El caso de El Amparo, ya en 1988, va más allá. Se trata de un falso positivo al mejor estilo de los que Álvaro Uribe Vélez tanto efectuó en Colombia. El 29 de octubre de ese año, militares asesinaron a mansalva a 14 pescadores.

La tesis que presentaron fue la de haber actuado en defensa, pues se trataba de guerrilleros colombianos. A pesar de las pruebas que desmentían esto, el juicio –realizado por tribunales militares- se decantó a favor de los acusados.

Esto fue durante el mandato de Jaime Lusinchi, que ya en 1986 tenía un precedente: en esa ocasión, fueron nueve las víctimas. Los funcionarios alegaron haber sido emboscados en una zona boscosa, aunque se comprobaría por fotos que se trataba de un lugar con vegetación baja. Los cadáveres fueron vestidos con ropaje militar y presentados como guerrilleros.

Quizá la más conocida sea El caracazo, porque además de ser un hecho de grandes dimensiones, marcó el futuro de la Nación. Las acciones de represión a la revuelta popular de ese febrero de 1989 dejaron, según cifras oficiales, más de 300 muertos. Sin embargo, registros extraoficiales sitúan el número por encima de las dos mil víctimas fatales.

caracazo

Durante el intento de Golpe de Estado de noviembre de 1992, las autoridades locales aprovecharon la confusión para asesinar a más de 200 reclusos del Retén de Catia, en Caracas, después de que el director del penal les dejara salir. El entonces alcalde, Antonio Ledezma, justificó el hecho como el freno de un escape masivo que formaba parte de la insurrección militar.

Ya en la actualidad, como parte de las OLP que el Estado ha desplegado, argumentando el combate al paramilitarismo instalado en las zonas populares y rurales del país, cientos de denuncias de excesos han ido a parar a la Defensoría del Pueblo, así como al Ministerio Público.

Entrevistado en su momento por el portal Correo del Caroní, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, reconocía que en nombre de estos operativos, funcionarios policiales o militares cometían excesos, y que en la Defensoría había remitido varias denuncias al poder judicial.

tarek

Hay una en particular que ha cobrado mucho vuelo en los medios nacionales y fuera del país: en Barlovento, localidad del estado Miranda, 13 personas fueron asesinadas por efectivos militares.

El hecho ocurrió en octubre del presente año, aunque no fue hasta noviembre que las investigaciones dieron pie al descubrimiento de los cadáveres, que presentaban evidentes signos de tortura. El 1° de diciembre 10 militares fueron privados de libertad por los hechos, y esa cifra ha venido aumentando hasta la fecha. En total, 18 funcionarios están siendo procesados.

El presidente Nicolás Maduro, al conocer el hecho, el pasado 26 de noviembre ordenó la inmediata degradación de dichos funcionarios, así como su expulsión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

JI

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