Al inicio de las diferencias con el expresidente Rafael Correa, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno quitó todas las atribuciones de la Vicepresidencia de la República a Jorge Glas, unos días antes de que la Corte Suprema del país prohibiese su salida del país por estar supuestamente involucrado «en una causa de corrupción» relacionada a Odebrecht, basada en pruebas recabadas por el Departamento de Justicia de EE.UU.
María Alejandra Vicuña, actual ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, asume ahora directamente las funciones de Glas, un día después de que la justicia ordenase su detención preventiva.
Parte de las pruebas en contra del vicepresidente electo son mensajes de texto y audios donde altos personeros del gobierno, como el Contralor General de la República, supuestamente lo acusarían de recibir sobornos de la constructora brasileña. Ninguna de estas acusaciones tiene el peso de contudencia para ubicar jurídicamente un solo soborno más allá de declaraciones, trascendidos e inferencias. Tanto es así que el abogado ecuatoriano Ramiro García, contrario a Correa, afirma que si fuese así como dice la Fiscalía, el dictamen contra Glas debería ubicarlo como jefe de un esquema de sobornos, no como un cómplice. Según él en la presentación de la Fiscalía todo «concepto jurídico ha sido forzado a límites de lo irracional».
Sin embargo, su detención lo inhabilita para asumir sus funciones. Y en caso de que ésta se prolongue por tres meses, la Asamblea Nacional debería nombrar un sustituto. En este contexto es que la mujer de confianza de Lenín Moreno asume las funciones de la Vicepresidencia con la única tarea de poner en marcha la consulta pública de siete preguntas convocada el mismo día de la detención de Glas.
Una consulta pública para desmembrar políticamente al correísmo
Las siete preguntas que Vicuña debe procedimentar mezclan elementos simbólicos de la agenda de la oposición ecuatoriana como la eliminación de la elección indefinida, con propuestas de amplio consenso como la muerte civil de los políticos involucrados en actos de corrupción, la prohibición de la minería metálica (que dicho sea de paso afectaría a empresas chinas con concesiones mineras), la ampliación de la reserva Yasuní y la imprescriptibilidad de los crímenes contra niños.
Todas estas propuestas esconden el nervio central de la consulta referido a la disolución del Consejo de Participación Ciudadana, considerado uno de los cinco poderes públicos de Ecuador.
De ser votado afirmativamente, la directiva completa de éste, nombrada durante la presidencia de Correa, sería sustituída por una transitoria designada por Moreno hasta que fuese electa una nueva mediante el voto popular. En ese lapso, el primer mandatario podría ordenar el cese de funciones de 21 altos cargos del Estado, como la Fiscalía y la Contraloría General de la República, a través de este consejo transitorio.
Esta figura transitoria le daría a Moreno un piso político e institucional propio que lo haría menos dependiente de la coalición de Alianza País en la Asamblea Nacional, hoy dividida por su enfrentamiento con Correa.
Este organismo, además, tiene entre sus funciones la «lucha contra la corrupción» por lo que es clave para acelerar o no las investigaciones contra la gestión del expresidente residenciado en Bélgica. Así en una sola jugada debilitaría considerablemente a Correa y sus aliados al desplazarlos de una institución clave para el funcionamiento del Estado ecuatoriano, poniéndolos en serio riesgo como estructura de poder.
En ese sentido, los políticos de oposición Guillermo Lasso y Jaime Nebot, entre otros, han apoyado la consulta pública por contener propuestas de sus plataformas electorales, según declararon. Entre éstas se encuentra la posible derogación de la denominada ley de plusvalía, que pechaba la especulación inmobiliaria y las grandes propiedades, lo que demuestra también el interés de Lenín Moreno de seducir a sectores de la oposición para apoyarse en ellos con el sólo objetivo de aislar a Correa del escenario político.
Paradójicamente, esta demolición controlada del correísmo en Ecuador se da unos meses antes que Lenín Moreno reciba una misión especial del Fondo Monetario Internacional. Este tipo de visitas, por lo general, se dan antes de que este organismo multilateral otorgue créditos financieros a cambio de que los países receptores sigan sus recomendaciones en materia económica, centradas la mayoría de las veces en medidas de ajuste contra el grueso de la población. Todo lo contrario a lo que Correa convirtió en su bandera política en los últimos años de gobierno.
Fiscal Baca señaló que información del Dep. de Justicia de EEUU establece relación directa y causal entre pagos, apodos, obras y empresas. pic.twitter.com/339oGmVNaz
— Ana María Cañizares S. (@anniecanizares) October 2, 2017
Con Información de La Iguana TV
CC