Puerto Rico es “la isla del encanto” de las corporaciones que dominan la industria global de las semillas transgénicas y los agroquímicos: Monsanto, Bayer CropScience, DuPont Pioneer, Syngenta, Dow AgroSciences, AgReliant Genetics e Illinois Crop Improvement.
Campaña en las redes sociales de la isla en contra de Monsanto
De acuerdo con Eliván Martínez Mercado, del Centro de Periodismo Investigativo, este sector industrial recibió por parte del gobierno de la isla más de $526 millones en subsidios y exenciones contributivas entre 2006 y 2015. Precisamente en los años en que la colonia estadounidense cayó en el impago de su deuda de $69 mil millones, lo que provocó que el Congreso de Estados Unidos le impusiera una Junta de Control Fiscal.
En esa misma década, las multinacionales acapararon el 14% del área de las fincas públicas de la Autoridad de Tierras con mayor potencial para producir comida, ubicadas en el sur de la isla convirtiéndose así en la localidad con más permisos para hacer experimentos con transgénicos en todo Estados Unidos y “sus territorios”.
Un negocio redondo
Puerto Rico importa casi la totalidad de los alimentos que consume su población debido a que sólo produce el 15% de los mismos, según el Departamento de Agricultura. Con el alquiler y venta de los mejores terrenos para el agro a estas multinacionales se agrava el problema.
Estas fincas no se usan para producir comida, sino para experimentar. Posteriormente envían las semillas fuera del país para continuar el proceso de investigación y desarrollo, luego las venden en el mercado global para terminar acabando en productos transgénicos terminados que importa el gobierno boricua.
Participación y complicidad de los gobiernos de turno
Los diferentes gobernadores han ido poniendo en bandeja de plata los mejores terrenos para las multinacionales. De acuerdo con los datos del Centro de Periodismo Investigativo, la Autoridad de Tierras les ofrece a las semilleras unas 2,518 cuerdas (2,445 acres), alrededor de un 8% de todas las tierras de patrimonio público del territorio. Entre todas ocupan unos 6,000 acres públicos y privados alrededor de toda la Isla,
Pero eso no es todo, a pesar de las ganancias que las multinacionales obtienen en Puerto Rico y de los negocios multimillonarios que mantienen alrededor del mundo, el gobierno les da las mismas exenciones contributivas que a un agricultor local bonafide. Además, les reembolsa $2.72 por cada hora de trabajo que pagan en salario a los obreros de campo.
Para el investigador Eliván Martínez Mercado, todo el andamiaje para seguir convirtiendo a Puerto Rico en paraíso transgénico se fundamenta en la Ley 62 de 2009, más conocida como la Ley de Promoción y Desarrollo de Empresas de Biotecnología Agrícola, impulsada por el ex gobernador Luis Fortuño.
La misma establece una política pública para que la isla caribeña se convierta en la meca de estas empresas, otorgándoles permisos fast-track, facilitando la adquisición de edificios y dando incentivos económicos a través de la Compañía de Fomento Industrial y del Departamento de Agricultura.
La Ley ordena a la Compañía de Fomento Industrial y al Departamento de Agricultura a asesorar a estas corporaciones respecto a la obtención de permisos y a asistirlas en su establecimiento. Asimismo, el Secretario de Agricultura puede cambiar la ley “para atemperar los reglamentos y normas administrativas necesarias, para viabilizar la eficiente operación de estas empresas”.
Conscientes de esta “legislación a la medida” de las semilleras, por séptimo año consecutivo el pueblo boricua se lanzó a las calles el pasado 18 de mayo en la Marcha Mundial contra Monsanto, exigiendo – entre otras cosas – la derogación de la Ley Núm. 62 del 2009 de Biotecnología Agrícola y construir la soberanía alimentaria ¿Los habrán escuchado esta vez?
EG