Por qué los colombianos salen a la calle para protestar contra la violencia del Estado

Un amplio abanico de organizaciones sociales de Colombia convocó recientemente una huelga general después de que el gobierno del presidente Iván Duque propusiera aumentar los impuestos sobre los servicios públicos, los combustibles, los salarios y las pensiones. El gobierno pretendía aumentar los ingresos y reducir la deuda, pero los cambios afectaban desproporcionadamente a los colombianos de clase media y trabajadora.

Los colombianos atendieron el llamamiento y, tras las masivas manifestaciones en todo el país, el gobierno acabó retirando las reformas y el ministro de Hacienda dimitió. Sin embargo, el uso de la fuerza letal por parte de la policía contra manifestantes, en su mayoría pacíficos, alimentó las demandas de mejores políticas sociales y económicas.

Estas demandas incluyen la disolución de la policía antidisturbios colombiana (conocida como ESMAD), la mejora del sistema de salud, una renta básica, más oportunidades educativas y de empleo para los jóvenes, la garantía de protección de los líderes y activistas sociales y la aplicación del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (conocidas como FARC).

Llamadas para reformar las fuerzas de seguridad colombianas

La respuesta violenta del Estado a la huelga general ha recibido atención mundial. Según Temblores, una organización no gubernamental que vigila la violencia policial en Colombia, se han producido 3.789 actos de violencia policial durante el paro nacional. Estos actos incluyen la violencia física, las detenciones arbitrarias, el uso indebido de armas, los homicidios y la violencia sexual y de género.

En Colombia, al igual que en Estados Unidos y Canadá, los llamamientos a la reforma de la policía han aumentado en los últimos años. El año pasado, el Tribunal Supremo de Colombia ordenó al gobierno que garantizara el derecho a la protesta pacífica y pusiera fin a los abusos del poder policial. La sentencia del tribunal se derivó de la excesiva violencia policial durante una huelga nacional de 2019.

El gobierno ha iniciado conversaciones con el comité del paro nacional, una coalición de sindicatos laborales y estudiantiles y organizaciones indígenas, aparentemente para conseguirlo. Sin embargo, hay escepticismo de que el gobierno vaya a aplicar los resultados de las negociaciones. El comité de huelga ha suspendido recientemente las negociaciones, aunque se ha redactado un preacuerdo provisional.

Los funcionarios del gobierno han intentado minimizar las demandas de los manifestantes. Por ejemplo, en una entrevista con Vice News, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, acusó a los grupos criminales internacionales de utilizar las protestas para desestabilizar la autoridad del Estado, al tiempo que negó el uso de la fuerza letal por parte de la policía. Asimismo, el ministro de Defensa acusó de terrorismo a tres conocidos defensores de los derechos humanos y ofreció una recompensa por su captura.

Supervisado por el Ministerio de Defensa

A diferencia de otros países de América Latina, las fuerzas policiales colombianas están controladas por el Ministerio de Defensa Nacional y no por el Ministerio del Interior. La violencia estatal y la estigmatización de los manifestantes, en particular de los jóvenes, son el legado de las políticas de seguridad nacional que se utilizaron para racionalizar y justificar las violaciones masivas de los derechos humanos durante el conflicto civil armado que duró décadas en Colombia.

A principios de este año, un tribunal especial de paz determinó que, entre 2002 y 2008, al menos 6.402 personas fueron asesinadas y declaradas falsamente muertas en combate durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, muchas de ellas jóvenes de bajos recursos.

Aunque la aplicación del acuerdo de paz con las FARC brindó la oportunidad de reconsiderar el papel y la estructura de las fuerzas de seguridad del Estado, el partido Centro Democrático de Duque se ha opuesto ferozmente a su aplicación.

Violencia arraigada en el racismo estructural

Durante las protestas en curso, la ciudad de Cali se ha convertido en el epicentro de la brutalidad policial y la represión, dejando al descubierto el arraigado racismo estructural contra los pueblos afrocolombianos e indígenas.

La ciudad tiene la segunda mayor población urbana afrodescendiente de América Latina. Un análisis preliminar de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento muestra que la brutalidad policial ha sido mayor en los barrios marginales de bajos ingresos con una importante población afrocolombiana. Estos barrios también tienen una mayor concentración de “puntos de resistencia”, donde se han instalado barricadas y bloqueos durante las manifestaciones.

Los pueblos indígenas también han sido objeto de violencia racista en Cali.

Cuando una coalición de grupos indígenas, denominada “minga indígena” en Colombia, entró en la ciudad, civiles armados les bloquearon la entrada y les dispararon. Doce indígenas resultaron heridos, entre ellos Daniela Soto, una conocida líder indígena.

En lugar de condenar el ataque, Duque pidió que la minga indígena abandonara la ciudad y regresara a su territorio para evitar “enfrentamientos innecesarios”.

Los medios de comunicación desempeñan un papel importante en la formación de la opinión pública sobre cuestiones importantes. La cobertura de las protestas durante el último mes ha demostrado el alcance de la polarización política en Colombia.

Por ejemplo, las conversaciones en las redes sociales a principios de esta primavera giraron en torno a representaciones drásticamente diferentes del primer día de protestas en dos de los mayores periódicos del país: El Espectador y El Tiempo. El titular de El Espectador destacaba la determinación de los colombianos de alzarse contra las propuestas fiscales en medio de la pandemia del COVID-19, mientras que El Tiempo se centraba casi exclusivamente en el vandalismo, deslegitimando las acciones de miles de personas que habían marchado pacíficamente.

Las manifestaciones también han arrojado luz sobre el uso de la violencia de género y sexual por parte de la policía.

Temblores ha registrado 25 casos de violencia de género y seis de violencia sexual en el transcurso de las protestas. La muerte por suicidio de una menor que fue agredida sexualmente mientras estaba bajo custodia policial desató la indignación y la movilización de organizaciones feministas como la Articulación Feminista Popayán y Juventud Rebelde.

¿Cuál es el papel de Canadá?

Los colombianos que viven en Canadá también han salido a la calle para apoyar las protestas en su país.

Han organizado concentraciones en solidaridad con los manifestantes en varias ciudades. También han hecho circular peticiones pidiendo al Primer Ministro Justin Trudeau que denuncie la violencia del Estado colombiano contra sus propios ciudadanos.

Aunque el ministro de Asuntos Exteriores, Marc Garneau, ha emitido un comunicado denunciando la violencia, Canadá, uno de los principales socios comerciales y económicos de Colombia, puede hacer mucho más.

Canadá exporta equipos militares y proporciona formación y apoyo financiero a la policía nacional y al ejército colombiano.

En 2013, el Ministerio de Defensa colombiano adjudicó a una empresa canadiense un contrato de 65,3 millones de dólares para la adquisición de vehículos blindados ligeros destinados al ejército nacional. En 2017, los dos países lanzaron una iniciativa policial bilateral en la que la policía canadiense “proporciona formación, desarrollo de capacidades y asesoramiento estratégico” a la Policía Nacional de Colombia.

Canadá debería suspender su apoyo a la policía y al ejército de Colombia, y llevar a cabo una revisión de los derechos humanos de sus exportaciones militares a Colombia, como sugiere la organización Brigadas Internacionales de Paz.

 

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