En Venezuela surge un debate nacional en torno al proceso de diálogo que definirá el escenario político para el presente año.
Si recorremos la historia y revisamos el llamado «Pacto de Punto Fijo«, suscrito por los partidos de la derecha venezolana AD, COPEI y URD, el 31 de octubre de 1958, corroboramos que fue un supuesto «acuerdo de gobernabilidad» mediante el cual los actores políticos y sociales fundamentales, en conjunción con las principales instituciones de la burguesía, como Fedecámaras, la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas de esa época, establecieron las reglas del juego para salvaguardar y legitimar sus intereses y privilegios de clase.
En este supuesto acuerdo los partidos políticos aliados a las clases dominantes se comprometieron a defender «la democracia representativa» como forma política y el capitalismo subdesarrollado y rentista basado en el petróleo, en el ámbito económico, de cualquier peligro, intento de subversión y protesta de dicho estado de cosas. Esto se puso en evidencia, con manifiesta crudeza, durante los años de la lucha armada donde se criminalizó, persiguió y desapareció a cualquier venezolano y venezolana que se atreviera a disentir o alzar su voz de protesta. Sin duda, el ejemplo más dramático en la aplicación de este pacto fue la violencia y masacre desatada contra el pueblo durante el 27 y 28 de febrero de 1989, y en los días subsiguientes.
Los firmantes del Pacto fueron Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Gonzalo Barrios (AD), Jóvito Villalba, Ignacio Luis Arcaya y Manuel López Rivas (URD) y Rafael Caldera, Pedro del Corral y Lorenzo Fernández (COPEI), reunidos en Caracas, en la residencia de Caldera, de nombre Puntofijo. Y se dejó fuera de este pacto al Partido Comunista de Venezuela (PCV), uno de las principales toldas que luchó contra la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez.
La marginación del PCV del pacto se debió, según algunas opiniones, al rechazo de ese partido por parte de la Iglesia y de COPEI, y a una especial animadversión de Betancourt pero sobre todo por la influencia que tenía EE.UU. sobre la naciente “democracia” en Venezuela y en este continente, donde era imposible cualquier política de alianzas con fuerzas de la izquierda.
A pesar de lo nefasto que significó este pacto para nuestra historia política contemporánea, aún persisten grupos oligárquicos que defienden este criminal acuerdo, que formalizó las más cruentas represiones, asesinatos y desapariciones de cientos de venezolanos, que durante 40 años entregaron de nuestra Patria.
Actualmente sectores de la autodenominada Mesa de la Unidad (MUD) se han encontrado con un invencible muro construido por la conciencia del Gobierno y del pueblo, conquistada en años de lucha, durante casi dos décadas de Revolución Bolivariana y frente al cual han tenido que rendirse al proceso de diálogo. Fueron forzados -por la vía de la paz- a abandonar todas las escaladas de violencia financiadas desde el exterior y sostenidas por extremistas opositores.
Este martes se reinician las conversaciones entre la oposición y el gobierno de Venezuela, en la sede de la Cancillería de República Dominicana. El partido de ultraderecha «Voluntad Popular» anunció que no asistirá a este proceso.
Recordemos que el diálogo es consustancial al ejercicio democrático, un valor ético de la política civilizada, negada a realizarse a través de las armas y de la violencia; además, es una metodología para reconocer y resolver las diferencias que no constituyen delito alguno. El diálogo real y sincero, obliga a la comunicación, al intercambio de conocimiento, y a la comprensión para lograr un acuerdo mínimo y necesario.
Una sociedad pluralista necesita de decisiones significativas y consensuadas que se traduzcan en instituciones y espacios que resuelvan las diferencias. Es por ello esencial diferenciar lo que significa un proceso de diálogo de lo que se denominaría un «pacto»; en este último se cede la ideología y el Plan de la nación por los intereses económicos y políticos de particulares o grupos.
El Gobierno del Presidente Maduro ha llamado a sectores de la oposición, de forma incansable, al diálogo -desde su llegada al Palacio de Miraflores en el año 2013- con el objetivo de llegar a los mínimos acuerdos de respeto a la instituciones y procesos electorales en la nación suramericana, y a la vez, manteniendo intacta su independencia y soberanía.
SC