La militarización permanente de su frontera con México y el envío de más de 15 mil soldados a estados limite como Texas, Baja California y Arizona para impedir el paso de la caravana de migrantes, son algunas de las medidas que promueve EEUU en contra de la región frente al éxodo masivo de centroamericanos que han sido víctimas de las políticas aplicadas durante años por este país.
Hasta el momento, 500 de los más de seis mil migrantes que han hecho un recorrido a pie desde Honduras y El Salvador se encuentran en Tijuana. Allí, una reja los separa de su meta: ingresar a territorio estadounidense para tener, supuestamente, una mejor calidad de vida.
Diferentes organizaciones de Derechos Humanos latinoamericanas consideran que las disposiciones del inquilino de la Casa Blanca, #DonaldTrump, ponen en riesgo la vida de los ciudadanos que habitan o circulan por la frontera.
Al respecto, señalan que esta coyuntura presenta una buena oportunidad para que los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de América tomen una actitud firme y defiendan los derechos de sus pueblos rechazando la militarización.
El director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) de Perú, Francisco Soberón, asegura que la mayor preocupación de los países de la región tiene que ver con el vínculo que la medida tomada por #DonaldTrump pueda tener un incremento en las intervenciones militares por parte de EEUU o en represalias en contra de los migrantes que residen en esa nación.
ARG
