Los gobiernos de países como Perú, Argentina, México, Colombia, Chile y Brasil, entre otros -de la derecha en Latinoamérica y el mundo- han manifestado oficialmente su desconocimiento de la voluntad de los más de 8 millones de votantes que eligieron, este domingo, a 537 de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), a instalarse próximamente en Venezuela.
Entre los motivos esgrimidos está una supuesta «ruptura del hilo constitucional» al realizar la consulta popular, el presunto «irrespeto a la voluntad de quienes participaron en el plebiscito contra la ANC», más de siete millones según la propia oposición, aunque sus resultados no pueden auditarse tras la quema de las cajas y hasta han hablado de «un golpe a la democracia».
Sin embargo, los expedientes de estos gobiernos en sus propios países dejan al menos dudas sobre sus pronunciamientos, que a todas luces son contrarios a su propio accionar a lo interno de sus territorios.
Por una parte está el gobierno de facto que encabeza Michel Temer en Brasil, que -entre otras cosas- alega que este proceso no fue “reconocido por la población».
Temer, quien no fue electo por su pueblo para ser Presidente, llegó al poder tras el golpe de Estado parlamentario contra Dilma Rouseff, por quien votaron más de 54 millones de brasileros.
Tras sacar de la presidencia a Rousseff por supuestos «hechos de corrupción», tanto Temer como un alto número de los miembros de su gabinete se han visto envueltos en escándalos económicos.
Otro en manifestarse contra Venezuela fue el gobierno de Mauricio Macri, en Argentina, que en poco más de un año de gestión ha disminuido las tasas de empleo y el Producto Interno Bruto, además de adelantar una ola de despidos masivos como forma de “depuración” contra el kirchnerismo.
Especialistas auguran caída superior al 5% en la economía de Panamá, mientras docentes protestan continuamente por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en conversaciones por parte de su gobierno.
En un país donde se mantiene vigente la Constitución de la última dictadura, la de Augusto Pinochet, las autoridades opinaron sobre «la constitucionalidad» del proceso electoral venezolano.
Se efectuó, dicen desde la Cancillería de Chile, «sin las más mínimas garantías para una votación universal y democrática, ni cumplir con los requisitos establecidos en la propia Constitución de ese país».
Es el mismo Chile donde reprimen continuamente a estudiantes que exigen la desprivatización de la educación, ya que en tierras chilenas, acceder a una universidad requiere hipotecar prácticamente la vida para ganar el dinero necesario.
Como “otro paso hacia una dictadura” calificó Estados Unidos el desarrollo de las elecciones en Venezuela, a la vez que aseguraron, a través de su embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, que “prevalecerá” la democracia y “el pueblo de Venezuela”. Omite que de ese pueblo suramericano más de ocho millones respaldaron el proceso con su voto y se refiere a la cifra inferior que participó en el plebiscito de la oposición, dos semanas atrás.
También omite lo que sucede cada vez que en el país norteamericano se preocupan por un pueblo y acuden en su ayuda: destruyeron Libia, Irak, Siria, Afganistán, por nombrar solo algunos países que han tenido que vivir las guerras promovidas desde Washington en nombre de la democracia.
México lleva ya 9 periodistas asesinados solo en lo que va de 2016, además de los constantes hallazgos de fosas comunes y la continuidad de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, caso que aún no se esclarece.
En Colombia, tras los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP), los territorios que estas fueron abandonando cayeron inmediatamente en manos de grupos paramilitares.
Estos son sólo algunos datos que muestran que las preocupaciones de estos países por la situación venezolana son parte de un guión de ataque internacional contra el Gobierno Bolivariano, sin tomar en cuenta los problemas domésticos que tienen y que no atacan las autoridades de cada nación.
JI