Por estos días el reino de España revive los turbulentos acontecimientos del Referéndum y Declaración Unilateral de la Independencia de Cataluña #DiadaCatalunya. Aquellos eventos que separaron de su cargo al Presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, impulsor de estas acciones, terminaron con acusaciones por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. Estos acontecimientos se desarrollaron durante los momentos más complejos de la gestión de Mariano Rajoy frente al gobierno español, quien meses después fue destituido tras una moción de censura en su contra por actos de corrupción.
Puigdemont fue separado de su alta investidura tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española vigente desde 1978, que intervino la autonomía de Cataluña con la finalidad de “restablecer el orden constitucional”, según decidió el Senado. Desde ese entonces, Puigdemont y cuatro de sus asesores se mantienen prófugos de la justicia española.
Desde Bélgica, país en el que Puigdemont se ha radicado, el ex presidente de la Generalidad introdujo una demanda civil contra el juez Pablo Llarena, quien lleva su causa. En la acusación se señala al sistema judicial de ese país, como «incapaz de tratar la cuestión catalana de manera imparcial». Puigdemont advierte de un “ensañamiento” en contra de las “minorías independentistas” por parte de un “Estado delincuente” (Reino de España) que actúa de manera «incompatible con los valores de la Unión Europea».
El magistrado Llarena fue llamado a comparecer ante la justicia belga el pasado 4 de septiembre, pero la audiencia fue diferida mientras se fija un calendario acordado con ambas partes.
La justicia extraterritorial
¿Deben los tribunales de otro país tener competencia en territorio ajeno? ¿La aplicación de justicia puede violar la soberanía de una nación? Si defendemos a rajatabla el concepto de soberanía, diríamos que no, pero la justicia internacional nos presenta cada vez con mayor frecuencia episodios que en la práctica imponen lo contrario.
Para muestra, el caso del Tribunal de Justicia venezolano que opera en el “exilio” y que pretende hacer cumplir las leyes de ese país con una responsabilidad que ningún órgano le ha otorgado de manera legal. O la ex Fiscal General venezolana, Luisa Ortega Díaz, prófuga de la justicia de su país, que actúa según sea el son que le toquen y ahora recibe tribuna en importantes espacios internacionales pidiendo la intervención en su patria.
Caso parecido ocurre con la demanda de Puigdemont contra Llarena (#DiadaCataunya) y la justicia española. El ex presidente de la Generalidad hizo uso del sistema de justicia europeo para demandar al magistrado español, en un acto que los expertos han catalogado “prácticamente inadmisibles”. La defensa de Llarena estima invocar la inmunidad de las decisiones jurisdiccionales, lo que implica que la justicia de un país no puede cuestionar las decisiones de los magistrados de otro. Esto sin duda sumaría otro precedente en las intenciones de aplicar justicia de manera extraterritorial.
“Socavar la solidez del proyecto europeísta”
VT Actual consultó en Sevilla al abogado Juan José Sánchez, consultor de empresas y negocios internacionales, sobre el proceso judicial que enfrenta a Carles Puigdemont y sus consejeros, contra el magistrado Pablo Llarena y la justicia española. En su opinión la demanda ante tribunales belgas es una “tomadura de pelo”, y se pregunta “hasta qué punto son competentes los tribunales de Bélgica, para tomar una decisión sobre el funcionamiento o legitimidad de los jueces, tribunales o gobierno español”.
A juicio del experto, la acción de Puigdemont trata de “ganar tiempo” a la justicia española, pues considera que a la larga “será complicado que Bélgica pueda negar la entrega de Puigdemont y los otros cuatro consejeros a las autoridades españolas”.
Para Sánchez el fracaso de la euroorden de detención contra Puigdemont “se gesta para este tipo de supuestos, porque si hay que hacer un juicio en Bélgica sobre la posible condena o no por autoridades españolas de estos cuatro consejeros y el señor Puigdemont, pues estamos listos. Es como que si Bélgica juzgara o prejuzgara la adecuación situación de España”.
En caso de proceder este juicio, Sánchez opina que la situación “va a producir un gran resquemor y va a socavar de alguna manera la solidez del proyecto europeísta. Es muy complicado estar asociado en la Unión Europea con un país que pone en duda tu legitimidad como Estado”.
Escuche la entrevista completa del abogado Juan José Sánchez, realizada por nuestra colaboradora en España Diana Carvajal.
RB
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