Los líderes de la oposición nicaragüense y los periodistas huyen del país
Cada vez son más los líderes de la oposición, periodistas y miembros de la sociedad civil que huyen de Nicaragua, mientras el régimen del presidente Daniel Ortega lleva a cabo una alarmante represión política antes de las elecciones de noviembre.
En la última semana, varios de los críticos más influyentes del régimen de Ortega se escabulleron del país, convencidos de que serían detenidos si se quedaban. Los principales periodistas decidieron abandonar el país a pesar de que se les había retirado el pasaporte.
La situación se produce mientras 16 figuras de la oposición han sido detenidas y encarceladas en los últimos meses
«Están imponiendo un estado de miedo en el país para inmovilizar a todo el país y eliminar la competencia política para las próximas elecciones», dijo Carlos Chamorro, el editor del prominente periódico digital nicaragüense, que huyó del país a principios de este mes.
Chamorro se marchó después de que la policía allanara su casa y de que su hermana, candidata a la presidencia, fuera detenida.
Los periodistas se han visto amenazados por la creciente presión del gobierno nicaragüense en las últimas semanas. El veterano periodista Miguel Mendoza fue detenido el 21 de junio, cuando la policía irrumpió en su casa.
Antes de eso, la Policía Nacional de Nicaragua ha detenido al quinto candidato presidencial, Miguel Mora Barberena, supuestamente acusado de cometer actos antinacionales. Mora es candidato presidencial, periodista y propietario del canal de televisión 100 por ciento Noticias, ahora clausurado.
«El exilio era la última alternativa para preservar mi vida y mi libertad. Ese momento ha llegado… Tomar esta decisión ha sido angustioso; lo he hecho por la tranquilidad de mi familia, aunque sé que la tristeza los embarga», dijo Julio López, otro destacado periodista.
Los Otros
El ex comandante Luis Carrión, que también se vio obligado a exiliarse tras las informaciones sobre su inminente detención, dijo que Ortega espera que los secuestrados sirvan de rehenes políticos para negociar el levantamiento de las sanciones con Estados Unidos.
Estados Unidos se ha mostrado cada vez más tajante ante la represión de Ortega. El gobierno de Biden anunció este mes nuevas sanciones contra aliados y familiares cercanos de Ortega, incluida su hija Camila Antonia Ortega Murillo.
Sin embargo, la acción de Estados Unidos hasta ahora ha tenido poco impacto en la represión de Ortega. En los últimos meses, el régimen ha aprobado varios proyectos de ley que le permiten intervenir en las actividades de los grupos de derechos humanos y los medios de comunicación, informó el Washington Post.
La represión ha generado una condena internacional. Los críticos acusan a Ortega, junto con su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, de erosionar la democracia nicaragüense.
México y Argentina llamaron el lunes a consultas a sus embajadores en Nicaragua, citando «preocupantes acciones legales del gobierno nicaragüense». «Los gobiernos de México y Argentina informan que el día de hoy [han] instruido a sus embajadores en Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez y Mateo Daniel Capitanich, para que se trasladen a sus capitales a fin de realizar consultas sobre las preocupantes acciones político-jurídicas emprendidas por el gobierno nicaragüense en los últimos días, que han puesto en riesgo la integridad y la libertad de muchas personalidades de la oposición (incluyendo candidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses», se lee en un comunicado conjunto de los dos países.
Ambos países afirmaron que seguirán atentos a los acontecimientos en Nicaragua y continuarán promoviendo el pleno respeto de los derechos humanos, así como de los derechos civiles y políticos, y la libertad de expresión de todas las personas, independientemente de su nacionalidad o profesión.
Informes van y vienen
Además, un reciente informe de Human Rights Watch ha instado a las Naciones Unidas, a las democracias latinoamericanas y a Estados Unidos a ejercer más presión sobre el régimen para frenar la represión de Ortega.
«El único lenguaje que va a entender este tipo es si la comunidad internacional redobla la presión diplomática y con consecuencias que puedan afectar a los empresarios que siguen en la cama con el régimen», dijo José Miguel Vivanco, director de la división de América de Human Rights Watch.