Las sanciones «legales» que ha aplicado EEUU en contra de Venezuela no son tan legales como parece, según el internacionalista Aldemaro Prado quien asegura que EEUU trabaja bajo parámetros impuestos.
«Washington da las directrices según sus conveniencias y eso ha pasado con Venezuela desde 2014 y luego en 2015 cuando Barack Obama lanzo el decreto considerando al país como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos».
En 2014 el Congreso de los Estados aprobó una la Ley 113-278 titulada Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela. La medida dictaba una línea de acción para la política del gobierno de los Estados Unidos de Norte América hacia Venezuela y establecía la hoja de ruta para que otros Estados, bajo su influencia y dominación.
La Ley 113-278 establecía una opción de aplicar medidas unilaterales y coercitivas dirigidas al bloqueo económico, financiero y comercial de Venezuela, y adicionalmente «trabajar» con los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea en esta dirección en contra de Venezuela.
Prado explica que esta era una Ley del Congreso que no estaba amparada internacionalmente, «ellos se pagan y se dan el vuelto. Ilegalmente EEUU ha logrado que la Unión Europea, el Parlamento Europeo, así como un grupo de gobiernos agrupados en el autodenominado Grupo de Lima, formen una coalición internacional para establecer y promover sanciones, aislamiento diplomático y acciones políticas que desestabilicen la democracia venezolana».
«No es más que un juego imperial impuesto», afirma el especialista y agrega que ese juego imperial ahora se ve amparado por otros países, pero rechazo por muchos.
«Se han sumado países como Canadá que, imitando las órdenes ejecutivas de Obama y Trump, ha establecido una legislación propia para criminalizar y castigar a Venezuela».
Explica que la estrategia ilegal y descarada contra Venezuela tiene además de lo político y económico una estrategia esencial, «promover la migración de un número importante de ciudadanos venezolanos hacia países vecinos. Condición fundamental para promover en la comunidad internacional la supuesta crisis humanitaria que promueve una intervención internacional.
NB