La Red Europea de Periodismo de Investigación (EIC) descubrió al menos una empresa offshore, propiedad de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), y designado por Luis Almagro como asesor de la OEA para acusar de supuestas violaciones de derechos humanos al presidente de Venezuela Nicolás Maduro.
Esta red de investigación reveló que durante los nueve años que Moreno ejerció en el cargo de la CPI, realizó -junto a su esposa Elvira Bulygin- transacciones por altas sumas de dinero en paraísos fiscales como Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas.
El pasado mes de julio, el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció en rueda de prensa que Moreno Ocampo sería el nuevo “asesor de la organización para los temas de análisis de delitos de lesa humanidad en el caso de Venezuela”.
Moreno Ocampo manifestó a los medios en esa oportunidad su intención de iniciar una serie de audiencias en la OEA, con supuestas víctimas del gobierno venezolano y expertos para «determinar» si en Venezuela se estarían cometiendo «crímenes de lesa humanidad».
El fin último de estas audiencias era que cualquier país elevara el caso a La Haya para enjuiciar a Maduro. “Yo quiero ser un facilitador, explicar los procesos y que los países lo eleven. Que la OEA sea una caja de resonancia donde se discuta el tema”, dijo en ese momento.
El nombramiento y papel de Ocampo sucede en medio de una campaña internacional de injuria en contra del Gobierno venezolano, que enfrentaba una ola de protestas violentas promovidas y financiadas por la oposición venezolana.
Las empresas que vinculan a Ocampo son Lucia Enterprises (Belice),Transparent Markets (Uruguay) y Yemana Trading, (Islas Vírgenes Británicas), gestionada por Mossack Fonseca, cuyos negocios quedaron al descubierto con los Papeles de Panamá.
La EIC ha analizado más de 40.000 documentos en los cuales se detallan cómo Moreno Ocampo actuó en contra de los intereses de la Corte al defender a un magnate petrolífero libio, Hassan Tatanaki e hizo uso de su red personal en beneficio de su cliente, poniendo en riesgo la confidencialidad de las investigaciones del tribunal.
El ex fiscal no negó la existencia de Yemana Trading, Tain Bay y Lucia Enterprises, ubicadas en tres paraísos fiscales y vinculadas a una persona que no debía estar involucrada “en ninguna actividad que pueda interferir con su función de acusación o afectar a la confianza en su independencia” expresó.
Con información de Telesur
AMR
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