Luego de las más recientes medidas, el pasado viernes 15 de septiembre, el Estado español pretende ejercer presión sobre la Generalitat (gobierno regional de Cataluña) aplicando un control de pagos sobre las cuentas de lo que han llamado «servicios esenciales» y que no es más que una forma de cortar los recursos que se puedan destinar a dar continuidad al proceso refrendario pautado ya para el próximo 1° de octubre.
Con la excusa de que la administración catalana «no quiere informar cómo gasta el dinero», el ejecutivo encabezado por Mariano Rajoy amenaza con asumir «directamente» la cancelación de «buena parte de las nóminas» por un tiempo indefinido, es decir, mientras dure la querella y el conflicto entre los poderes, como lo afirmó Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda del gobierno central en declaraciones a la prensa española.
En respuesta a tales aseveraciones, Jordi Turull, como vocero del gobierno catalán, indicó:
Nosotros justificaremos lo que tengamos que justificar, pero no de la manera y con las condiciones que hasta ahora nos decían que cada semana teníamos que decir. Además les quiero recordar que nos hacían certificar unas cosas absolutamente ridículas. Eran cosas insultantes. Y hemos dicho que ya basta.
Todo esto en relación a que anteriormente se realizaban dichos informes con una periodicidad mensual y, por tanto, la negativa del gobierno presidido por Carles Puigdemont a cumplir con esta sanción arbitraria, aprobada por el Tribunal español, que sólo busca tener el control financiero de la región autónoma e impedir el referéndum por la independencia de Cataluña.
Adicional a estas imposiciones, portavoces del gabinete de Rajoy también informaron sobre la imposibilidad de la Generalitat de endeudarse a través de préstamo alguno sin la previa autorización del gobierno central, lo que confirma el condicionamiento que trata de asfixiar económicamente al proceso independentista catalán.
LM
Cataluña es presionada por España para que frene su referéndum independentista