Medidas de Trump contra los inmigrantes ha provocado que la justicia de 18 estados de Estados Unidos unan esfuerzos para apoyar una demanda que pide poner el freno a la deportación de miles de inmigrantes, que actualmente se encuentran bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés).
En este sentido, fiscales de esos estados presentaron un documento conocido como «amicus curiae«, una figura jurídica que permite a actores ajenos a un juicio, ofrecer razonamientos legales y consideraciones vinculadas con los hechos de un caso.
La intención es respaldar una querella que alega que la reciente terminación del TPS para nativos de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán viola el derecho al debido proceso.
A través de un comunicado, el fiscal general de California, Xavier Becerra, precisó que las personas que están amparadas bajo el TPS han seguido las reglas y probado el valor de esa protección. «No nos quedaremos de brazos cruzados mientras nuestros vecinos y colegas son arrancados de sus familias”.
La Casa Blanca quitó la protección a 55 mil hondureños, 195 mil salvadoreños y 50 mil haitianos, entre otros, a los que ha dado entre 12 y 18 meses para que regresen a sus países o que cambien su estatus migratorio.
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