Una nueva ley obliga a las autoridades de Florida a colaborar con Inmigración y sus órdenes de detención prolongada, con miras a la deportación sin que procesos legales pudieran impedirlo.
El nuevo estatuto castigará a las jurisdicciones que protejan indocumentados, obligando a las autoridades locales a colaborar con los entes de Inmigración.
La nueva ordenanza va en contra de las llamadas ciudades santuario, aunque en el estado de Florida no se encuentra ninguna. Ésta operará por completo luego de un fallo adverso de una jueza de Miami, como parte de una demanda interpuesta por grupos civiles y a favor de los inmigrantes.
La ley fue firmada por el gobernador Ron DeSantis, un aliado político del presidente #DonaldTrump y de su dura política migratoria. La ley entra en efecto en un estado con un 20 % de población extranjera y pese al rechazo de grupos pro-inmigrantes, por la separación de familias y el impacto económico que puede tener en el estado.
La demanda fue presentada en julio pasado contra DeSantis al considerar «inconstitucional» la ley aprobada este año por el Legislativo floridano.
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