Ecologistas franceses y organizaciones pro defensa del ambiente en Francia, exigen al gobierno de Emmanuel Macron que se establezca un perímetro de seguridad entre cultivos y urbanizaciones para garantizar que el uso de estos químicos no afecte la salud de las personas.
En respuesta a esta exigencia, el Gobierno francés presentó una consulta con la que busca determinar cuál es la distancia de separación más adecuada que se debe establecer en estos casos.
La propuesta del Ejecutivo, que va desde los cinco hasta los 10 metros, ha sido considerada como ridícula por los ambientalistas. Mientras tanto, los agricultores opinan que una distancia mayor a la presentada por las autoridades podría afectar la calidad de los cultivos.
Esta sería la primera vez que se implementa en Francia una separación entre terrenos habitados y zonas cultivadas, un primer paso que acerca a los ecologistas a su meta de que se prohíba el uso del glifosato, señalado por la Organización Mundial de la Salud como un agente cancerígeno.
En esta lucha, las organizaciones no se encuentran solas: varios alcaldes franceses han decidido desafiar al Gobierno de Macron aplicando sus propios limites para la aplicación de químicos en los cultivos.
El pionero fue el burgomaestre de Langouët, Daniel Cueff, quien publicó un decreto que prohibía la utilización de este tipo de productos a menos de 150 metros de “toda parcela catastral que comprenda un edificio de residencias u oficinas”.
La medida, aunque fue anulada por la justicia local, abrió un importante debate que ha llevado al Gobierno de Macron a revisar las políticas vigentes que regulan esta materia.
ARG