Conozca los recientes y polémicos casos cercanos a la Carta Democrática en América Latina

Conozca los recientes y polémicos casos cercanos a la Carta Democrática en América Latina

Una hipotética activación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) contra Venezuela está en la órbita política del mundo. El secretario general del organismo, Luis Almagro, promueve este mecanismo, con el apoyo del Departamento de Estado norteamericano, países aliados y dirigentes de la oposición.

La postura de Caracas al respecto es clara: la sola tentativa ya representa una violación de la soberanía venezolana, cuyo gobierno y pueblo deben resolver los conflictos internos por sí mismos. Así lo ha declarado en reiteradas ocasiones la representante de Exteriores, Delcy Rodríguez, así como el mismo jefe de Estado, Nicolás Maduro.

Recientemente, y en medio de la polémica en torno a este tema, han comenzado a difundir por internet y redes sociales, unas declaraciones del presidente venezolano, para entonces Canciller, celebrando la invocación de dicha herramienta en el marco del golpe de Estado vivido en Honduras durante el año 2009.

Igualmente, se le cuestiona por haber apoyado acciones similares desde la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) ante el derrocamiento de Fernando Lugo en Paraguay, tres años después. Hoy repasaremos en VT los contextos y las posibles diferencias con la situación de Venezuela al día de hoy.

El Caso Honduras

Corría el 2009, más exactamente el 4 de julio de ese año. Acababa de finalizar una sesión extraordinaria de la OEA, en la cual definieron la aplicación de la Carta Democrática para la exclusión de Honduras del organismo internacional. Se basaban en el artículo 21 de dicho documento, donde se establece la posibilidad de suspensión de un Estado miembro, previa constatación de una ruptura del orden constitucional.

Entre los que apoyaron la medida, se encontraba el ahora presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en su condición de Canciller para aquel entonces.

Tras la reunión y aprobación de la resolución denominada “Suspensión del derecho de Honduras de participar en la Organización de los Estados Americanos“, el representante de la política exterior venezolana aseguró que la decisión respondió al “empeño de un grupito de políticos del pasado de imponerle una dictadura al pueblo de Honduras”.

Vaticinaba además un incremento de las presiones internacionales y una futura situación “insostenible” para el ilegítimo gobierno hondureño instalado por un golpe de Estado.

Una semana antes, la noche del 28 de junio, fuerzas militares secuestraron y exiliaron, por la fuerza, al presidente constitucional de la nación centroamericana, Manuel Zelaya, e instalaron como jefe de Estado al entonces presidente del congreso, Roberto Micheletti, del Partido Liberal (del cual Zelaya también era parte).

La primera en reaccionar fue la Organización de Naciones Unidas (ONU). El 30 de junio, tras la intervención de Zelaya en la Asamblea General, se aprobó de forma unánime, una resolución pidiendo que restituyeran al jefe de Estado.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos desde la OEA, ONU y países de todo el mundo que rechazaron reconocer al gobierno de facto, la respuesta emitida desde Tegucigalpa, capital del país, no era nada alentadora. La vicecanciller interina, Martha Alvarado, aseguró que no les importaba sacrificar el apoyo internacional, pues lograron “haber dado un alto a la embestida de Chávez”, a quien culpaban por el viraje hacia el “comunismo” por parte de Zelaya.

A Zelaya lo derrocaron y forzaron al exilio por temor a su cercanía con líderes como Hugo Chávez.

El Caso Paraguay

En junio de 2012, el Parlamento paraguayo ejecutó la destitución del presidente en funciones, Fernando Lugo. Entre las acusaciones, que en líneas generales lo definían como un “mal gestor de las responsabilidades inherentes a su cargo”, se encontraba una en particular, que contenía realmente el contexto de la medida: para el Congreso, Lugo promovía “la constante confrontación y lucha de clases”.

Entre otras cosas, durante ese “proceso legal”, como fue defendido por la oposición paraguaya, Lugo no tuvo el debido derecho a la defensa, por lo que el golpe de Estado tenía además un agravante. La ruptura del hilo constitucional, también en este caso, era clara.

Por este motivo, Venezuela se pronunció en el seno de la OEA, así como las representaciones de Bolivia y Nicaragua. Estos denunciaron en reunión extraordinaria que la medida adoptada por el legislativo paraguayo no era más que una manera de encubrir un golpe de Estado.

Maduro, todavía ministro de Relaciones Exteriores, aseguró para aquel tiempo que las herramientas de los organismos multilaterales permitían “de manera respetuosa a la soberanía, actuar, tomar decisiones y sobre todo cuando se rompe el Estado de derecho en países hermanos del continente”.

La Unasur y el Mercosur sancionaron a la nación guaraní, e incluso Venezuela decidió cortar el suministro de petróleo, como forma de presión para el restablecimiento de Fernando Lugo.

Sin embargo, en la OEA no ocurrió como tres años antes. El golpe no era tan claro, al haber sido velado bajo el amparo de la actuación parlamentaria. El secretario general de la organización para el momento, el chileno José Miguel Insulza, aseguró que “las fuerzas políticas (de Paraguay) funcionan de manera bastante normal”, por lo que no se acordó más que el envío de una delegación seis meses antes de las próximas elecciones.

Sin embargo, el embajador permanente por Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, veía una incongruencia en el documento emitido por el organismo: se hablaba de dos personas (tanto Lugo como quien asumiera en su lugar, Federico Franco) como “el Presidente”, lo que al menos evidenciaba cierto reconocimiento de una situación de conflicto.

Lugo fue “enjuiciado” por el Parlamento sin derecho a la defensa.

¿Qué pasa en Venezuela?

Desde el año 2016, el actual secretario general, Luis Almagro, ha pretendido invocar la Carta Democrática contra Venezuela, al considerar que en el país “hay situaciones que ponen en riesgo la democracia”.

Es bueno detenerse un momento y hacer hincapié en un aspecto fundamental: Almagro considera que en Venezuela está en riesgo la democracia. No se trata de una situación clara de inconstitucionalidad, como sí lo fue el caso hondureño.

El informe emitido por el secretario, en junio de 2016, resalta tres aspectos fundamentales: la “crisis humanitaria”, que es el argumento central del mismo, y cuyo relato ha sido construido minuciosamente con apoyo de los grandes medios dentro y fuera del país, como ya hemos reseñado en VT.

En este apartado, el gobierno venezolano ha enfocado la mayor parte de sus esfuerzos: la conformación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), además de la firma de acuerdos con productores e importadores de sectores como el farmacéutico, alimentario y de productos de higiene que buscan regularizar el acceso de los venezolanos a estos productos de primera necesidad.

Además, lo que no aparece en anaqueles es precisamente lo que tiene precios regulados por el Estado, y que pertenecen a la cesta básica de consumo para las familias venezolanas. Las autoridades del país, además, han presentado pruebas de cómo empresas privadas paralizan o disminuyen la producción, desvían las entregas u ocultan los productos, como parte de una guerra frontal contra la Revolución Bolivariana.

El documento elaborado por el también excanciller uruguayo resalta, por otro lado, la supuesta violación de los Derechos Humanos de lo que decidió calificar como “presos políticos”, a pesar de que los dirigentes opositores han pasado por procesos judiciales y han sido demostradas sus implicaciones en acciones criminales: alteración del orden público, llamados a la violencia, conspiraciones, asesinatos y hechos de corrupción.

Uno de los principales exponentes de esta matriz es Leopoldo López, preso desde el año 2014 y condenado a más de 13 años de cárcel por su convocatoria a actos de violencia con fines golpistas. Sus condiciones de reclusión han sido demostradas con materiales audiovisuales y fotográficos en reiteradas ocasiones, y no son ni de aislamiento (como ha dicho su esposa, Lilian Tintori, en más de una ocasión) ni de precariedad. Hace ejercicios, tiene comodidades, y no presenta signo alguno de tortura.

El tercer aspecto, y quizá el más grave, es el del “bloqueo de los poderes del Estado”. Este último asunto ha presentado mayor relevancia después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano resolviera, en marzo pasado, asumir funciones del Legislativo. Esto, sin embargo, y tras la convocatoria del presidente Maduro al Consejo de Defensa de la Nación, entró en revisión.

Previamente, declaraciones emitidas por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, demostraban que en el país hay plena separación de los poderes públicos: calificó la acción del TSJ como una “ruptura del hilo constitucional”.

Este asunto pudiera haber permitido la invocación de la Carta Democrática, pero como hemos visto, esta se activa hasta que se restablezca la constitucionalidad en el Estado miembro. Y en Venezuela, asumiendo que las palabras de Ortega fueran ciertas, esa supuesta “ruptura” fue revertida en menos de 48 horas.

¿Tiene memoria corta entonces el presidente venezolano o más bien tiene muy claro qué se requiere realmente para la activación de un mecanismo que puede derivar en la exclusión de un país de la OEA? En todo caso, la situación venezolana no se corresponde con aquella que en 2009 le hizo pronunciarse, como Canciller, ante el grave hecho que vivió Honduras.

JI

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