Un contexto imprescindible
El chavismo –con mayoría en el parlamento en el período comprendido entre los años 1998 al 2016- dejó pasar “casi” ilesa una legislatura trasversal: La Ley de Partidos Políticos, Reuniones públicas y manifestaciones redactada en 1964 y publicada en Gaceta en 1965, durante el gobierno genocida del adeco Raúl Leoni. Bajo el gobierno de Chávez fue modificada en el 2010.
Esta ley establece que un partido político resulta renovado automáticamente si obtiene el uno por ciento (1%) de los votos válidos emitidos, en una elección de carácter nacional, en por lo menos doce (12) de los Estados.
Establece que los partidos que no cumplan ese requisito podrán legalizar su funcionamiento ante el Consejo Nacional Electoral.
Según establece la legislatura, las solicitudes de inscripción de partidos regionales deberán ir acompañadas varios recaudos: Nómina de los integrantes del partido en número, en la que se especifican los datos de identificación de los militantes y la manifestación de voluntad de pertenecer a la organización política, así como la indicación de los organismos directivos del partido, las personas que lo integran y los cargos que dentro de ellos desempeñan. Ante la institución comicial deben consignar su declaración de principios, acta constitutiva, programa de acción política y estatutos. También es imprescindible la presentación de los logos, símbolos y emblemas que dan identidad gráfica al partido.
Si bien esta es una norma para los partidos regionales, la legislación establece que los partidos nacionales deberán dejar constancia de que el partido se ha constituido en por lo menos 12 entidades venezolanas y “de conformidad a la presente ley”. Para ello, deben entregar el 0,5% de firmas del registro electoral de cada entidad.
Nuevas señas
El 4 de marzo del 2016 fue publicada en la Gaceta Electoral Nº 801, la modificación de las normas de los procesos de renovación de los partidos políticos venezolanos.
La precursora de la reforma fue una sentencia del TSJ ordenó al Consejo Supremo Electoral regular “la verificación de la nómina de inscritos de cada partido político”. A tales efectos, el poder electoral debía “adecuar las normas sobre renovación de los partidos e implementar mecanismos de seguridad (electrónica e informática) sobre la verificación de la manifestación de voluntad de los inscritos en los mismos”. Esto implica la utilización del sistema biométrico para registrar a la militancia de cada partido político para cumplir la prohibición de la doble militancia establecida por ley en el país bolivariano.
Aquellos partidos que no acudieron a las elecciones con su propia tarjeta deberán ir a un proceso de renovación. Según la rectora Tania D’Amelio, en Venezuela hay cinco partidos políticos que no requieren renovación: “el partido la MUD –que no es la Mesa-, PSUV, Puente, Ipp y UPP89. La MUD y el PSUV no irían al proceso de renovación porque cumplieron con el 1% en más de 12 entidades”.
A partir del sábado 4 de marzo deberán acudir a legalizarse 59 organizaciones con fines políticos que no participaron en los dos últimos procesos electorales o que no alcanzaron una votación equivalente a 1% de los sufragios emitidos en dichos comicios.
Partido histórico al borde de lo ilegal
El Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV) interpuso el día 16 de febrero del 2017, un recurso de nulidad en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos “porque está en contradicción con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues el mismo establece normas que no están en correspondencia por los principios de progresividad contenidos en la Carta Magna”, informó Tribuna Popular.
Oscar Figuera reiteró que el Partido comunista no participará del proceso de legalización “en virtud de que el mismo, acarrea para nuestra militancia riesgos fundamentales: estamos hablando de entregar información confidencial de los militantes de un partido que a lo largo de la historia ha sido perseguido”.
“Por razones de seguridad, no hay una sola persona en el PCV que tenga la lista de todos sus militantes. Éstas se mantienen fraccionadas entre sus distintos burós regionales, con diferentes medidas de seguridad, y esto es así por las persecuciones que han sufrido los partidos marxistas-leninistas en todo el mundo,” declaró un militante comunista al bloguero Luigino Bracci.
Carlos Aquino, miembro del buró político del Partido Comunista de Venezuela reiteró en declaraciones a Vladimir Villegas en Globovisión, que los comunistas no acatarán la modificación del reglamento por considerarla injusta, corriendo el riesgo de entrar a la ilegalidad. “Lo asumiremos… Pero que el CNE asuma, también, las consecuencias gravísimas… de que el partido comunista de Venezuela sea ilegal en estos tiempos. La cuarta ocasión sería, en la historia del PCV, que sería ilegal: fuimos ilegales con el Gomecismo, con el Perejimenismo y con el Betancourismo ¿quieren que seamos ilegales también en el período chavista? Cuidado con eso, porque va a recaer en ellos esa responsabilidad”.
No sólo se trata de protegerse ante la persecución sufrida antes de la llegada del bolivarianismo al poder. En abril del 2002, en el curso de las aciagas 47 horas que duró el golpe cívico militar que apartó a Hugo Chávez del poder, la derecha venezolana acudió a las bases de datos contentivas de las identidades de los miembros de Círculos Bolivarianos, organizaciones populares fundamentalmente dedicadas al estudio, debate y discusión para la construcción del proceso político. Sobre ellos, se desató una persecución política poco documentada.
LC