Un informe emitido por el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst, denuncia que Colombia continúa siendo el país con el mayor número de personas defensoras de derechos humanos asesinadas en América Latina, reseña Telesur.
«En mi informe he identificado tres tendencias principales: Un alto número de asesinatos de defensorxs. Desde 2016 hasta junio de 2019, Colombia fue el país con el mayor número de asesinatos de defensores en América Latina«, refiere el documento.
El estudio, que fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos (DD.HH.) de la ONU, revela que las personas defensoras son asesinadas y violentadas por implementar la paz, por oponerse a los intereses del crimen organizado, las economías ilegales, la corrupción y la tenencia ilícita de la tierra y por proteger sus comunidades.
Refiere que las defensoras de derechos humanos son propensas a ser objeto de violaciones específicas de género y sus familias son también el blanco de ataques.
Resalta que las amenazas se han disparado en un contexto de altos índices de impunidad y que el riesgo se ha incrementado tras la firma del acuerdo de paz con la extinta FARC, hace tres años, refiere El País en su sitio web.
Igualmente precisa que las personas que corren mayor peligro son los líderes sociales que abogan por los derechos humanos en zonas rurales, «en particular el acuerdo de paz, la tierra, los derechos de los pueblos étnicos y el medioambiente, frente a los intereses de actores estatales y no estatales, como empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder».
En ese sentido, el documento enfatiza en el hecho de que estos defensores de derechos humanos carecen de reconocimiento público a pesar de que el presidente de Colombia, Iván Duque, valora su trabajo, otros actores gubernamentales y no gubernamentales no lo hacen, al contrario los deslegitiman y criminalizan, al estigmatizarlos con calificativos como «guerrilleros”, “terroristas”, “antidesarrollos” o “informantes”.
Gobierno colombiano responde
Ante la realidad descrita en el informe del relator de la ONU, Michel Frost, el Gobierno del país suramericano representado por su Cancillería respondió, mediante un comunicado, que el informe está apoyado en inexactitudes y que la falta rigor en las cifras que utiliza, señala DW.
“Las versiones sobre empresas estatales y privadas que presuntamente intimidan, criminalizan o estigmatizan a defensores, y la supuesta connivencia de cuerpos de seguridad estatales con grupos ilegales» son «afirmaciones graves que se lanzan sin sustento en investigaciones verificadas», expresa el comunicado que fue leído por la canciller Claudia Blum.
SI/VTactual.com
Paz en Colombia se desvanece por asesinato de líderes sociales