Entre los “magistrados” al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designados de manera ilegal por la Asamblea Nacional (AN) -en desacato- se encuentran algunos con perfiles turbulentos, al menos, que desacreditan sus nombramientos, además de la ilegitimidad del proceso en sí mismo.
Al haber participado en el proceso de nombramiento ilegal de magistrados, estos se encuentran en “flagrancia permanente” como el resto de quienes asumieron el pasado 21 de julio, en una sesión extraordinaria convocada por la Asamblea Nacional en desacato fuera del Palacio Legislativo; así lo informó Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del TSJ.
De los 33 que participaron del delito, como lo calificó la Sala Constitucional, ya han sido capturados y puestos a la orden de la justicia 3 abogados o “magistrados” nombrados por la derecha.
Uno de ellos, Jesús Rojas, quien aseguró poco después que el nombramiento se había hecho de manera arbitraria, contrariando su deseo expreso de no asumir dicho cargo. Esto, según su declaración, se lo habría notificado directamente y en persona al diputado Julio Borges, quien funge como presidente del Parlamento, a pesar de que su nombramiento se dio con esta Asamblea en situación de desacato ante la Constitución.
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Sin embargo, el portal digital del medio «Tal Cual», dirigido por un exguerrillero que ahora es parte de la derecha venezolana, reseñó una fotografía en la que se puede ver a Rojas, durante el acto de nombramiento, con su mano levantada en señal de estar presentando juramento ante las autoridades de la AN cuando lo designaron como magistrado principal de la Sala Electoral.
Otro de los casos es el de la abogada Beatriz Ruiz Marín, suplente de la Sala de Casación Penal, quien se asiló en la sede de la embajada chilena en Venezuela buscando evadir su posible captura.
Ruiz Marín fue suspendida cuando era jueza en el estado Guárico, en la región Los Llanos, por haber dado libertad a una mujer que fue capturada en flagrancia mientras cometía el delito de tráfico de drogas, reseñó el medio local La Tabla.
También protegido en la casa diplomática chilena se encuentra José Fernando Núñez, quien fue nombrado entre los suplentes de la Sala Político Administrativa.
Miguel Ángel Martín Tortabu, quien presentó juramento como magistrado principal de la Sala Constitucional, máxima instancia de interpretación de la Carta Magna, fue suspendido por el TSJ en 2008 por haber convalidado la violación de las disposiciones jurídicas que rigen la correcta juramentación del ciudadano gobernador del estado Carabobo, el opositor Henrique Salas Feo.
Otra principal de dicha sala, Elenis del Valle Rodríguez Martínez, es presidenta de la Fundación por los Derechos y la Equidad Ciudadana (Fundeci), y se ha encargado desde el año 2014 de defender a criminales detenidos durante protestas violentas, a quienes los medios y la dirigencia opositora llama “estudiantes”.
A pocos días de que la AN lo pusiera como principal en la Sala de Casación Penal, el abogado Alejandro Rebolledo se reunió en Washington, capital estadounidense, con el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
De esta forma, el magistrado de ilegal nombramiento se suma a la lista de opositores que han ido a establecer contacto directo con el máximo representante de la conspiración diplomática contra el gobierno venezolano, desde el seno de la OEA.
Estos breves expedientes de ilícitos y actos turbios se suman a la ya de por sí ilegal juramentación, pues la Asamblea Nacional actuó fuera de los lapsos correspondientes (aún no toca cambio de magistrados), además de que todas sus decisiones tienen nulidad debido a su situación de desacato, decretada anteriormente por el propio TSJ.
JI
Presidente venezolano garantiza que La Constituyente sellará la independencia de la nación