Es difícil cuantificar qué puede resultar más doloroso para los deudos de los 43 normalistas de Iguala desaparecidos en 2014, si el propio hecho de su desaparición o la liberación de los principales acusados de producirla. La justicia mexicana se ensombreció al inicio de esta semana con la puesta en libertad de 24 policías municipales acusados de la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de una escuela normal en Ayotzinapa, México, lo que deja abierta la posibilidad a que sigan saliendo en libertad los presuntos responsables del crimen y el caso quede impune.
Un juez ordenó la libertad de estos 24 funcionarios policiales, lo que suma 53 personas liberadas por el caso de los 43 de Ayotzinapa en los últimos años. “Esta resolución sienta un grave precedente (…) privilegiando el derecho de los presuntos perpetradores sobre el derecho de la justicia que deben gozar las víctimas, sus familiares y la sociedad”, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
“Quedan solamente 65 de las 142 personas detenidas. De mantenerse esta tendencia y, como es evidente la intención política de hacerlo, quizá en los próximos días puedan otorgarse diversas libertades”, manifestó Encinas mostrando su preocupación por el grave precedente que se está mostrando a la opinión pública de un país azotado por la violencia.
El atenuante
Desde la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se maneja la idea de que las buena parte de las detenciones de estos funcionarios, se produjo de manera irregular, y sus testimonios fueron obtenidos bajo tortura durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En un informe de esa oficina que se publicó el año pasado, se revela que existen “sólidos motivos para creer que una parte de las personas arrestadas en México en la etapa inicial de investigación fueron torturadas y detenidas de manera arbitraria”. Sin embargo la defensa de las víctimas anunció que permanecerá vigilante de toda la situación “hasta que se sepa la verdad”.
RB