80% de las venezolanas cree que las víctimas de acoso sexual sienten miedo de denunciar a su acosador. Este porcentaje se desprende de una Consulta pública, realizada por VTActual a 1500 entrevistadas, para conocer su posición frente al acoso sexual en las universidades de Venezuela.
La encuesta fue realizada a mujeres, mayores de edad, en los 23 Estados y el Distrito Capital. Se ejecutó a principios de noviembre, de manera aleatoria. Desentraña ideas respecto al flagelo social, del que son víctimas, principalmente, las mujeres.
Del estudio, también se puede inferir que, 94% de las entrevistadas saben identificar situaciones de acoso sexual.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”.
Amenazadas
Puede considerarse violencia sexual cuando la persona no está en condiciones de dar su consentimiento, cuando está ebria, bajo efectos de estupefacientes, dormida o mentalmente con alguna discapacidad. La OMS también tipifica la coacción según el uso de la fuerza, la intimidación psicológica, la extorsión y las amenazas. Estas últimas se refieren al daño físico y al moral: no obtener un trabajo o una calificación, por ejemplo.
En este sentido, la encuesta revela que más de tres cuartas partes de las mujeres venezolanas entrevistadas, 80%, creen que las víctimas sienten miedo de denunciar. 32 de cada cien no lo harían por ser además objeto de amenazas; 28% no sabría dónde denunciar; 13% sentiría miedo; 11% vergüenza, 5% se siente sin recursos para hacerlo, 5% no quiere someter a su familia al escarnio, 6% no sabe por qué las víctimas de violencia sexual no denuncian.
Estado
870 encuestadas, el 58%, dicen no conocer las instituciones que sirven para proteger a las mujeres víctimas de casos de acoso sexual. El 42% restante las conoce y ese mismo porcentaje de mujeres cree que el Estado no da la suficiente seguridad a las víctimas que denuncian casos de violencia sexual. 37 de cada 100 aseguran que los organismos gubernamentales sí protegen a las denunciantes; 21% no sabe.
Cuando el Estado no protege a una víctima de violencia sexual, asesinada después de atreverse a denunciar en las instituciones a su acosador, el Estado se convierte en responsable del feminicidio, perpetuando la violencia establecida reconocida socialmente, legitimada. Según la antropóloga mexicana, Marcela Lagarde, “el feminicidio es la culminación de la violencia contra las mujeres […] a los homicidios se suman la violencia de la injusticia y la impunidad”.
En las aulas
En la Consulta pública, hecha por VTActual, 55 de cada 100 encuestadas dice no conocer víctimas de acoso sexual o violencia de género. Mientras que el otro 45%, sí. De ese 45: 20% conoce a 1 víctima; 12% a 2; 6% a 3 y 6% a más de 3.
Dentro de las preguntas, una brilla como un alfiler en la paja: “¿Conoce usted algún profesor o profesora que incurra en ofertas, o extorsiones, con fines sexuales?”. Sólo 18% respondió afirmativamente. Es decir, 270 encuestadas conocen a profesores, que valiéndose de su autoridad, violentan sexualmente a sus estudiantes.
En el Informe “Otras formas de violencia contra la mujer que reconocer, nombrar y visibilizar”, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que la “información disponible en diversos países muestra que las instituciones de enseñanza universitaria puede ser un escenario hostil para las mujeres, donde hay un grado elevado de tolerancia a conductas que pueden caracterizarse como de acoso sexual, tanto por parte de las propias víctimas como por parte del medio en el que se produce”.
El primer obstáculo para estudiar y solucionar esta veta de la violencia contra la mujer, lo constituye la ausencia de denuncias por la población estudiantil. Sencillamente, las estudiantes no saben reconocer las situaciones de violencia sexual a las que son sometidas, “no encuentran mecanismos adecuados para formalizar la denuncia, o porque creen que la denuncia empeorará su situación”, según el informe de Cepal.
Abrir una grieta en el sistema para por ejecutar campañas de información y acompañar a la víctimas que se atreven a denunciar a los profesores que las violentan, es un primer paso.
La violencia sexual tiene como fundamento la capacidad del victimario de instituirse como amenaza. La alumna es puesta en duda, la trabajadora, la niña; pero difícilmente el profesor, el jefe, el padre, la autoridad, la institución son problematizados.
Esto puede tener un basamento todavía más profundo. Kate Millet señalaba que “el sexo es una categoría social impregnada de política”, puesto que es una relación de poder en donde “la mitad de la población […] se encuentra bajo el control de la otra mitad”. El dominio sexual es, según la escritora estadounidense, “tal vez la ideología más profundamente arraigada en nuestra cultura, por cristalizar en ella el concepto más elemental de poder”.
Las consecuencias de la violencia sexual comprenden aspectos emocionales, psíquicos y físicos: estrés, traumas, ansiedad, depresión, nerviosismo, baja autoestima, trastornos del sueño, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, hipertensión, y lo que algunas investigadoras han dado en llamar “suicidido feminicida”.
ICO