A partir de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente este miércoles 8 de noviembre, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia será el instrumento en Venezuela para penar acciones crímenes de odio como los ocurridos durante las acciones violentas que duraron más de cuatro meses del presente año, que podrían pagarse hasta con 20 años de cárcel.
Dicha norma «expresa la naturaleza y el espíritu de la Revolución Bolivariana, que es la igualdad. Es una nueva espiritualidad a la que se ha convocado al pueblo de Venezuela», dijo al respecto la presidenta de la instancia plenipotenciaria, Delcy Rodríguez, durante la sesión de este miércoles.
Un total de 25 artículos contiene el documento legal, que además funge como «un homenaje a las venezolanas y venezolanos que fueron quemados vivos por razones de odio e intolerancia», agregaría la misma Rodríguez.
Igualmente, se dio a conocer la declaratoria de mayo como «el mes para promover la tolerancia y la igualdad», para que «el pueblo y el Estado venezolano se concentren en recordar que esto no debe ocurrir nunca más en nuestra patria».
La ley marcará un precedente, puntualizó Rodríguez, como muestra de los esfuerzos del Estado venezolano contra la proliferación del fascismo en territorio nacional, pues prohíbe la promoción del odio, la intolerancia y la violencia para hacer político, algo que han venido haciendo reiteradamente los partidos y dirigentes más extremistas de la derecha venezolana.
También serán penados los medios de comunicación que divulguen «mensajes que constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso, político o de cualquier otra naturaleza», a los cuales les revocarán la concesión.
Durante la violencia extremista de esos meses, personas fueron quemadas vivas por presuntamente tener filiaciones con el chavismo, por «parecer» chavistas, mientras pasaban por zonas que estuvieron sitiadas en ciudades como Caracas (capital) o Puerto La Cruz (región oriental). También fueron atacadas instituciones del Estado con trabajadores en su interior, o la base aérea de La Carlota, en Caracas, donde hay una escuela, cuyos niños se encontraban en clases.
JI