Antes del último ajuste de precios en el año 2016, hubo que esperar transcurrieran 20 años hasta que se produjese tal adecuación en el valor de venta del combustible en Venezuela; se rompía así el celofán de expectativas generadas en torno a un tema considerado tabú, dados los antecedentes registrados y por los impactos e implicaciones esperados desde el punto de vista social, económico y político.

El aumento de los combustibles (gasolina y diésel) comporta en el imaginario popular venezolano el aciago recuerdo del Caracazo del año 1989, acontecido días después de la toma de posesión del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, tras la presentación de su denominado “paquete de medidas económicas” que contenía el incremento en 100% del precio de la gasolina, luego de haber transcurrido un dilatado período de congelamiento de su valor comercial.

También evoca el recuerdo de incrementos generalizados de precios de bienes y servicios, habida cuenta de lo sucedido en el año 1996 cuando el entonces presidente Rafael Caldera, también en su segundo gobierno, tomó la decisión de ajustar la gasolina en 300% y 500%.

El año 2016 dio al traste con ambos mitos, no se produjeron revueltas populares ni se dispararon los precios como consecuencia directa de la adecuación del precio de la gasolina, en más de 6.000% en el caso de 95 octanos y en más de 1.282% para la de 91 octanos. Y es que se había formado una masa crítica a favor del ajuste, tanto en la población en general, como en los transportistas que acordaron mantener los precios del transporte público.

El rezago era entonces gigantesco, el monto irrisorio que se cobraba por la gasolina ni remotamente cubría los costos de producción. El subsidio abarcaba tanto al combustible en si, como a los expendedores de carburante por venderla.

Venezuela, país productor de petróleo, con las mayores reservas del planeta no se puede dar el lujo de cobrar a su población altas tasas por los derivados de un recurso que le pertenece a toda la nación. Ese ha sido el argumento central que justifica la timidez en la toma de decisiones respecto al cobro justo de un producto que, además de ser altamente contaminante, ha fomentado prácticas distorsionadas, como la del consumo desenfrenado y dispendioso, o el contrabando de extracción.

Este artículo, analiza las diversas aristas que entrelazan los hilos argumentales que conforman el canasto de decisiones relacionadas con el ajuste de los combustibles. Para ello, tomemos como punto de partida el responder interrogantes y aportar algunos datos relacionados con el polémico tema de la adecuación de precios de los combustibles en Venezuela.

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Prensa Haiman El Troudi

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