El artículo 155 de la constitución española ha sido activado, y con él la búsqueda de que según el gobierno de España «las instituciones catalanas vuelvan a la legalidad constitucional y estatutaria» tomando como medida principal el relevo total de todo el gobierno de Cataluña.
Todos los consejeros serán destituidos de sus funciones, obviamente, comenzando por Carles Puigdemont, y el gobierno procederá a nombrar un representante que centralice las tareas de coordinación del Govern.
Los ministros están preparados ya para hacerse cargo de las áreas a partir del 28 de octubre. La coordinación de las tareas de cada ministro en las áreas del gobierno las ejercerá una figura por determinar pero que funcionará como presidente de la misma.
Según fuentes catalanas, todo esto es producto de un pacto del Partido Socialista Obrero EspañoL (PSOE) con el gobierno en el cual se decide intervir Cataluña, pero, esto no incluye la suspensión del Parlament de Cataluña ni la limitación de sus funciones.
La «restauración de la legalidad en Cataluña» buscaría salvaguardar intereses económicos y servicios públicos esenciales para el gobierno central español. Mariano Rajoy se ha visto dispuesto a cambiarlo todo y no parcialmente sino por un mandato completo, lo que ha desatado una serie de discusiones jurídicas dentro del parlamento.
KH.