El castigo a la protesta como forma de expresión llegó a su punto más alto en el reino de España con la condena que se dictó en contra del presidente de Cataluña, Quim Torra, acusado del delito de desobediencia de funcionario público al negarse a retirar los lazos amarillos y pancartas alusivas a los “presos políticos” que colgaron de los edificios públicos durante las elecciones del pasado 28 de abril.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña impuso una condena de un año y medio de inhabilitación política y una pena de 10 meses de multa con una cuota diaria de 100 euros, para el presidente catalán, quien ha reiterado los propósitos independentistas de esta provincia autonómica.

La sentencia dictada, sin embargo, podrá ser apelada por el funcionario. Su abogado Gonzalo Boye, dijo que una sentencia por el delito de desobediencia «no se aplicará de forma inmediata«, por lo que la autoridad podrá mantenerse en su cargo hasta que exista una resolución firme.
Tribunal parcializado
Tras conocer la sentencia del tribunal catalán, Quim Torra convocó a los medios de comunicación para dar a conocer su reacción sobre el caso. “No me inhabilitará un tribunal con motivaciones políticas”, ha dicho el alto funcionario que rechazó la actuación del sistema de justicia del reino de España contra la solicitud de Cataluña y que hizo colgar en la Generalitat la bandera de la Unión Europea.

«Con la bandera de Europa, donde los catalanes encontramos la justicia que se nos niega en España. Quiero agradecer a todas las muestras de apoyo y solidaridad recibidas hoy y durante mi juicio. Libertad inmediata presos políticos y retorno exiliados, fin represión e independencia», dijo Torra a los medios.
RB/VTactual.com
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