Corría el año 1998, y el periodista Óscar Yanes buscaba malponer durante una entrevista la propuesta central del entonces candidato presidencial Hugo Rafael Chávez Frías: la Constituyente.
En aquella entrevista, Yanes calificó dicho proceso como una medida dictatorial que tendría el poder de “hacer cualquier cosa”, y dijo alarmado que “hasta podría cambiarle el nombre a Venezuela”.
En ese encuentro, el todavía aspirante a la Presidencia de la República replicó con claridad haciendo hincapié en la necesidad de refundar la nación, cuya Constitución aún vigente no respondía a las necesidades reales del pueblo, quien tendría la oportunidad de definir su propia Carta Magna a través del mecanismo propuesto.
Pero Yanes además calificó como “completamente falso” que dicho documento sería sometido a la voluntad popular a través de elecciones libres y directas.
Sin embargo, tras ganar las elecciones, Chávez cumplió con su promesa y convocó la Constituyente, cuya activación fue respaldada con más del 71% de los votos del electorado nacional, y sus integrantes (elegidos también mediante el voto) armaron durante el año 1999 la propuesta de Constitución, con representación de los más diversos sectores de la vida nacional.
Ya en diciembre de ese año, hubo una nueva entrevista entre ambos personajes, y el periodista mostró una actitud aún más ofensiva. Faltaban horas para la jornada electoral donde los venezolanos y venezolanas decidirían si esa sería su nueva Constitución, sobre la cual Yanes aseguró que estaba “hecha a la medida” del nuevo presidente, quien además tendría “más poder que el que han tenido los dictadores clásicos venezolanos”.
La respuesta fue reveladora, según se iría viendo con el devenir del proyecto político que fue perfilando Chávez: auguró el ejercicio del “poder popular”, diversificado, amplio. Ya con la nueva conformación de los poderes, algo en lo que Chávez fue enfático, se veía esa intención: de tres poderes públicos se pasó a cinco, diversificando así el Estado. Y el Ejecutivo, el único que controla el Presidente de la República, pasó a ser una quinta parte de los actores con ejercicio del poder. Además, entre las dos nuevas instancias, una era especialmente convincente: el Poder Ciudadano.
Yanes, no obstante, retó a Chávez con que el pueblo decidiría quién estaba equivocado: al día siguiente, el 87% de los votantes terminaron por darle la razón al presidente, al aprobar de manera contundente la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vigente desde entonces.
En constante revolución
“El Poder Constituyente no puede congelarse, no puede ser congelado por el poder constituido”, dijo Chávez tiempo después, en el año 2007, cuando promovía la opción del sí en un nuevo referendo, en el cual se consultaba una reforma a la Constitución y cuyo resultado adverso aceptó en buenos términos.
En ese mismo discurso dijo algo más esclarecedor sobre la naturaleza del poder constituyente originario, ese que ha sido llamado a construir el socialismo bolivariano desde las bases: “Algunos autores hablan del carácter terrible del Poder Constituyente. Yo creo que es terrible el Poder Constituyente, pero así lo necesitamos, terrible, complejo, rebelde”.
Y dicha rebeldía, continuó, necesitaba constituirse en “potencia permanente, potencia transformadora, inyección revolucionaria para reactivar, muy de cuando en cuando, nuestro proceso bolivariano”.
Es decir, la naturaleza del proyecto político encarnado en la figura de Hugo Chávez y continuada por el presidente Nicolás Maduro es de movimiento permanente, de adaptación, de flexibilidad ante las demandas que en cada época tiene el pueblo venezolano.
En el año 2010, insistió en el tema: “El proceso constituyente es permanente, es como la Revolución permanente, es una revolución dentro de la Revolución y siempre hay que estar revisando la Constitución, buscando (…) para desarrollarla hasta sus últimas consecuencias, porque todavía no la hemos desarrollado completamente”.
Ese año se realizarían elecciones parlamentarias y, a juicio del presidente, la campaña de los candidatos bolivarianos debía estar impregnada de ese espíritu Constituyente para “terminar de construir, darle forma al Estado social de derecho y de justicia (…) [para que] el Estado burgués termine de extinguirse, se vaya apagando, desapareciendo, como desaparece la noche cuando sale el sol”.
La demanda de este tiempo
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la convocatoria a una nueva Constituyente en el momento más álgido de su mandato, tras más de un mes de asedio y terrorismo callejero en su contra, y que ha costado la vida a casi 40 personas hasta la fecha.
Su objetivo principal, alegó, será retomar el sendero de la paz para el país, a través de un proceso de diálogo amplio en el cual participarían y tendrían voz todos los sectores de la vida nacional, incluyendo a la oposición que se ha negado a dialogar durante el presente año. Eso sí, sin la mediación de partidos políticos, sino con la participación directa de la gente. Esto excluye incluso al Partido Socialista Unido de Venezuela, cabe aclarar.
Invocó a la misma Carta Magna aprobada aquel año 99, que establece en su artículo 347 que el pueblo (único depositario del “poder constituyente original”) puede “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.
El jefe de Estado tiene la facultad de convocar esa Asamblea Nacional Constituyente, según lo definido en el 348, que también estipula otros escenarios de convocatoria: lo pueden hacer las dos terceras partes de la Asamblea Nacional (el Parlamento), igualmente dos tercios de los Consejos Municipales en cabildo o el 15% de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral.
En este caso, el presidente Maduro tomó la medida, explicó él mismo, obligado por las circunstancias, que lo llevaron a otorgar al dueño legítimo del ejercicio del poder de transformación, una oportunidad de oro: dar rango constitucional a cada conquista, cada avance, cada logro popular de los últimos años.
De ahí que propusiera entre las líneas centrales de debate la inclusión en la Constitución del sistema de Misiones Sociales y, sobre todo, de la organización popular territorial, encarnada en las comunas y consejos comunales.
La decisión final, a diferencia de lo dicho por voceros de la oposición nacional e internacional, recaerá sobre el pueblo venezolano. El artículo 349 de la vigente Carta Magna lo sentencia con claridad: “El Presidente o Presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución”. Pero tampoco lo podrá hacer ninguno de los poderes constituidos (incluyendo al legislativo o judicial).
Es decir, el primer mandatario nacional tomó el poder de su investidura y lo entregó a los venezolanos y venezolanas, como hiciera entre una de sus primeras acciones, aquel año 99, el líder de la Revolución Bolivariana.
JI