Una protesta de miles de personas que recrudeció este jueves en Perú en contra del cobro de peaje en una carretera en el norte de Lima, cuya concesión fue ganada por la cuestionada constructora brasileña Odebrecht, fue dispersada por policías con perdigones y gases lacrimógenos.
Los manifestantes, principalmente de barrios pobres y organizados por grupos civiles, habían bloqueado la vía. Ante la actuación de los efectivos del orden público, hubo enfrentamientos que dejaron al menos un funcionario herido, según datos de la policía. Fueron detenidas unas 48 personas.
Los pobladores exigen la cancelación de peaje en la carretera gestionada por la firma Rutas de Lima, creada para esa concesión por Odebrecht, empresa que está bajo presión en Perú luego de admitir que pagó 29 millones de dólares en sobornos para ganar obras públicas.
Rutas de Lima comenzó a cobrar al menos 5 soles (1,49 dólares) por vehículo desde fines de diciembre por el uso de la Panamericana Norte, la principal vía hacia a Lima para miles de personas que viven en barrios pobres fuera de la ciudad.
El salario mínimo en Perú es de 850 soles (252 dólares).
«Las pistas pertenecen al pueblo y no a las empresas», dijo Carlos Rossini, uno de los líderes de la protesta que pidió que Odebrecht y sus socios comerciales «desaparezcan» de Perú.
Esta es la segunda manifestación similar en lo que va del 2017. Rutas de Lima afirma que está abierta al diálogo y que los peajes le permiten recuperar los 1.700 millones de soles en inversiones (505 millones de dólares) en vías de la ciudad.
Odebrecht vendió a mediados del año pasado su participación mayoritaria en Rutas de Lima a la canadiense Brookfield, en medio de problemas de financiamiento luego de estallar un escándalo de corrupción de la empresa en Brasil.
La firma brasileña mantiene un 25% en Rutas de Lima, entre tanto Brookfield tiene el 57% y el fondo de inversión peruano Sigma 18%, según el consorcio.
Odebrecht, la mayor constructora de América Latina, ha generado un presunto perjuicio económico a Perú de 283 millones de dólares por irregularidades en la ejecución de varias obras de infraestructura en las últimas dos décadas, según un reporte difundido esta semana por la Contraloría General.
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