Este 18 de junio se cumplieron 62 días desde que cientos de personas, especialmente universitarios, tomaron como excusa un recorte a las pensiones y un aumento de las cotizaciones (posteriormente derogado), para dar inicio a una serie de protestas violentas en Nicaragua.
A pesar de que la oposición decidió levantarse y la Conferencia Episcopal la suspendió, el Gobierno de Nicaragua reafirmó una vez más que se mantendrá en la mesa de diálogo por la paz, y continuara con su agenda de cese de violencia, seguridad y reconciliación.
“Con toda seriedad y responsabilidad planteamos nuestra gravísima preocupación por la trágica escalada de violencia que sufre el pueblo, y que las familias denuncian y condenan, consternados e indignados por el drama que viven, con todos los crímenes de odio que se cometen a diario”, expresó el Ejecutivo a través de una nota de prensa.
Diversos hechos violentos se han registrado en el país centroamericano, donde también se cuentan varios fallecidos.
Cabe destacar, que el presidente Daniel Ortega y todo su gabinete ejecutivo, propuso a la oposición trabajar para alcanzar acuerdos verificables de seguridad, paz y reconciliación en los municipios y departamentos de Nicaragua.
Y como si fuera poco, la autodenominada Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia decidió levantarse de la mesa y además condicionó su participación a la presentación de cartas de invitación del Gobierno a organismos internacionales, para que acompañen el proceso.
Inmediatamente la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que ejerce como mediadora del diálogo, suspendió las tres mesas de diálogo que estaban pautadas, y puso las mismas condiciones que la oposición.
MT