El jueves 26 de Abril, en España se inició una ola de indignación sin precedentes históricos. Nunca antes una sentencia judicial había provocado semejante reacción popular a nivel nacional como la dictada a La Manada. El caso sigue en efervescencia y al parecer no cesarán las manifestaciones y acciones en las calles, hasta lograr la tan anhelada reforma del código civil.
#NoEsNo nació este jueves como un movimiento transversal, intergeneracional e instantáneo colocando en situación de igualdad a todas las mujeres, ya ostenten cargos políticos de importancia o pertenezcan al convento de las descalzas. El espíritu del 8-M que dejó la marca por ser la manifestación feminista mas grande de Europa, hoy demuestra mantenerse en pie y ejercer una nueva fuerza de colectivo en lucha. Todo esto, es analizado por observadores, intelectuales y sociólogos, que advierten que esto obedece también a una crisis institucional: la erosión del prestigio judicial.
En exclusiva para VTActual, desde Sevilla, España, ciudad de origen de estos cinco hombres sentenciados y conocidos como La Manada, conversamos con José Antonio Toledo, abogado internacionalista y periodista, quien nos revela datos sobre el prontuario de estos jóvenes que otros medios han obviado.
«La sentencia impuesta por la Audiencia de Navarra a los cinco sevillanos que violaron a una joven en las fiestas de Pamplona no solamente la considero injusta, sino que considero que muestra a las claras, la catadura moral y política del poder judicial en el Estado español basado en la más absoluta inmoralidad y bajeza», asegura Toledo.
José Antonio Toledo enumera las fallas y contradicciones de la sentencia de estas cinco personas:
- La Audiencia no considera agresión sexual un acontecimiento tan grave como ha sido la violación de una joven de 18 años, en reiteradas ocasiones, por parte de un grupo de cinco individuos. Varios de ellos, miembros de cuerpos militares del Estado, y que tuvieron numerosos agravantes comos son: la capacidad de indefensión de la joven que al parecer se encontraba bajo los efectos del alcohol.
- La Audiencia no parece haber tenido en cuenta la indefensión de la joven frente a cinco individuos de complexión atlética y algunos con entrenamiento militar.
- Tampoco parece haber considerado la gravedad de grabar la imagen de los hechos y haberlos publicado a través de redes sociales, con la humillación que supone a la víctima.
- Nada parece haberle importado a la Audiencia que los violadores tuviesen antecedentes penales y que fuesen responsables de otra agresión en la localidad cordobesa de Pozoblanco. Ni siquiera la premeditación, al haberse planeado anteriormente por whatsapp, genera para la Audiencia un agravante para la sentencia. El seguimiento, tras los hechos, de la víctima por parte de los agresores para justificar la ausencia de daños tras la agresión, son absolutamente obviados por la Audiencia de Navarra.
Toledo afirma que «lo único que puede haber conmovido al poder judicial, al parecer, es la pertenencia de los violadores a Cuerpos de la Seguridad del Estado y a grupos neonazis organizados en sectores cercanos al fútbol. Porque solamente así puede entenderse esta sentencia contra los violadores en Pamplona, o la sentencia contra jóvenes de Alsalsua (Navarra)».
«En los dos incidentes aparecen implicados miembros de la Guardia Civil, y con condenas absolutamente favorables. Mientras en la primera, como acusados se les condenan a 9 años de prisión, y se les mantienen cobrando el 75% del sueldo en el cuerpo militar, en la segunda, tras una reyerta en un bar, vestidos de paisanos, con alguna copa de más y tras golpear a una persona solicitan condenas para los jóvenes que indignados increparon la actuación de los guardias civiles. Estos jóvenes se enfrentan a penas entre 12 y 62 años de prisión por amenazas y lesiones terroristas».
Estas sentencias en nada se parecen a las duras condenas por terrorismo contra grupos de titiriteros o raperos por tan solo expresar sus opiniones; ni las otorgadas a profesores en Cataluña que hablaron de las acciones violentas durante el 1ro de octubre, condenados por supuesta incitación al odio; o la celebración de elecciones en Cataluña como golpe de Estado.
La dictadura de Rajoy
Tomando en cuenta estas acciones, el abogado desestima en el poder judicial los efectos y el impacto que pudieran tener las importantes movilizaciones realizadas por grupos feministas el pasado 8 de marzo, «creo que no incidirán en las actuaciones de los jueces españoles», asegura. José Antonio Toledo, argumento que «el Estado español y su gobierno chorrean corrupción y tienen un grado de degradación moral tal que no tienen preocupación por actitudes que rallan lo irracional».
Entre los argumentos que respaldan su afirmación enumera las diversas e intensas acciones represivas contra los sectores populares que han puesto resistencia; familias que se oponían a los desahucios, trabajadores que solicitaban condiciones laborales dignas, estudiantes que se opusieron a las tasas abusivas para la enseñanza, o a pueblos que solicitaban urnas para defender su destino..
«Han criminalizado cualquier tipo de acción de respuestas de nuestro pueblo, utilizando la represión policial, la represión judicial y la represión mediática».
Además resalta como los medios de comunicación han tomado partido en el acontecer político del país europeo «con campañas tergiversadoras, manipuladoras e infames» que apoyan a jueces en sus decisiones de condenar a los más vulnerables y víctimas de las graves situaciones sociales que vive el país. «El Estado intenta convertir a los sectores más conscientes de nuestro pueblo en pequeños reductos aislados, atemorizados y agredidos».
Por Diana Carbajal Kerkhof.
Corresponsal España.