Nikki Haley, la cítrica embajadora EE.UU ante la ONU escribió en su cuenta en Twitter que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha asesinado a más personas que Nicolás Maduro en Venezuela.
Además, añadió que “el hemisferio occidental debería estar libre de dictadores”.
RT @USUN: pic.twitter.com/xuMxDNINhh
— Archive: Ambassador Nikki Haley (@AmbNikkiHaley) July 17, 2018
Sin embargo, esta no es la primera acción diplomática de EE.UU contra Nicaragua. A través de un comunicado, el gobierno del presidente Donald Trump revocó los visados a varios funcionarios nicaragüense presuntamente “involucrados en la represión de manifestaciones.
Los comentarios de la diplomática coinciden con el aumento de la presión internacional sobre el gobierno de Ortega y la crisis política inducida por sectores afines con los centros de poder en Washington y Latinoamérica.
RT@USUN: We’re appalled to hear that Pres. Ortega’s masked supporters attacked a group of priests in a church. Places of worship should never be targeted, esp. as these spiritual leaders work to help end the crisis. We support their work & the Nicaraguan ppl’s desire for peace. pic.twitter.com/56XFNioX1h
— Archive: Ambassador Nikki Haley (@AmbNikkiHaley) July 10, 2018
De hecho, a pesar de que la crisis de Nicaragua no estaba prevista para ser discutida en la reciente reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), el tema se coló en las discusiones aunque no quedó reflejado en la declaración final.
También el portavoz del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Rupert Colville, denunció las presuntas violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses por parte de las fuerzas del orden.
El país centroamericano lleva más de tres meses inmerso en un escenario de violencia callejera que ha arrancado la vida de más de 300 personas, herido a otras centenas y daños de infraestructura por millones de dólares.
Los grupos violentos impulsados por la oposición política local y financiados desde el exterior se rehúsan al diálogo propuesto por el gobierno.
Las protestas se iniciaron contra una polémica reforma al seguro social que por las presiones populares fue derogada, sin embargo la violencia persistió y se sumó una ola de saqueos en comercios y residencias en Managua.
Ante esto, el presidente Ortega convocó a un diálogo nacional, con la Conferencia Episcopal -como testigo y mediadora-, representantes de la empresa privada, sectores de la sociedad civil y estudiantes, el cual fue suspendido tiempo después, al levantarse de la mesa la oposición nicaragüense.

Analistas coinciden que el formato de agitación es el mismo utilizado en los años 2014 y 2017 en Venezuela para desestabilizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro para derrocarlo y poner en el poder a un sector afín con las políticas de Washington.
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