Informe de la ONU pone a las Fuerzas de Seguridad de Venezuela como mayor problema anteponiéndolo al Bloqueo o la mala gestión de Maduro

Las fuerzas de seguridad venezolanas llevaron a cabo menos ejecuciones extrajudiciales en los 12 meses transcurridos hasta abril, según un informe de la ONU el lunes, pero las acusa de un patrón continuo de tortura o trato cruel de las personas, así como de desapariciones forzadas y detenciones incomunicadas.

Qué dice el Informe

El informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pide al gobierno del presidente Nicolás Maduro que cese el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, desmantele los grupos civiles armados progubernamentales y garantice investigaciones efectivas e independientes de todos los asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad.

“La rendición de cuentas sigue siendo clave para prevenir y remediar las violaciones de los derechos humanos y fortalecer el estado de derecho”, señala el informe, que abarca desde el 1 de junio de 2020 hasta el 30 de abril.

“La protección y ampliación del espacio cívico es vital para fortalecer la democracia, fomentar el diálogo inclusivo y abordar las causas profundas de los desafíos actuales.”

El gobierno de Maduro emitió un comunicado en el que rechazó lo que calificó de “contenido falaz” del informe. Acusó al organismo de la ONU de basar el informe “en un puñado de supuestas denuncias de violaciones de derechos humanos” con la intención de desestabilizar a Venezuela.

“Este informe es el resultado de una Resolución promovida por un minúsculo grupo de gobiernos con graves situaciones internas de violaciones de derechos humanos, que conspiraron para satisfacer la política de ‘cambio de régimen’ promovida por los Estados Unidos de América contra Venezuela”, señaló el comunicado de la Cancillería.

El organismo de la ONU documentó 17 asesinatos presuntamente vinculados a las fuerzas de seguridad: 16 durante operaciones de seguridad en lugares con altos índices de violencia y delincuencia y uno durante una protesta. El informe no proporcionó cifras de ejecuciones extrajudiciales en años anteriores.

Fuentes

En la mayoría de los casos, según el informe, los asesinos irrumpieron en las casas de las víctimas, la mayoría de las cuales eran hombres jóvenes o niños de comunidades empobrecidas.

Los testigos describieron haber sido amenazados de muerte, golpeados y arrastrados por el pelo por los agentes. El informe dice que los agentes supuestamente manipularon las pruebas y sacaron los cadáveres de las casas de las víctimas.

  • “Los hechos siguen teniendo graves efectos en las comunidades, ya que infundieron miedo en la población, generaron desconfianza en las fuerzas del orden, marginaron aún más a las comunidades pobres y provocaron desplazamientos”, señala el informe.

También documenta nueve casos de personas cuyo paradero fue desconocido por sus familiares y abogados durante sus detenciones. La agencia también afirma haber recibido informes de personas que fueron golpeadas, electrocutadas, violadas sexualmente y amenazadas con ser violadas por los agentes.

La agencia dijo que no tiene conocimiento de las acciones emprendidas por la Comisión Nacional contra la Tortura, una rama de la Defensoría del Pueblo, que está dirigida por funcionarios cercanos al gobierno. Los críticos dicen que la Defensoría del Pueblo mira sistemáticamente hacia otro lado cuando se denuncian violaciones de los derechos humanos.

La reforma y su polémica

El informe reconoce una reforma policial ordenada por Maduro en abril y la puesta en marcha de la formación de las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos y uso de la fuerza.

La reforma, que Maduro dijo que quería que se implementara en un plazo de seis meses, crea una oportunidad para fortalecer la supervisión y la investigación de las fuerzas de seguridad, dijo la agencia de la ONU.

  • Sin embargo, las reformas propuestas en Venezuela no siempre se materializan.

El informe acusa al gobierno de Maduro de seguir restringiendo la libertad de expresión, incluso impidiendo el trabajo de las organizaciones civiles y los medios de comunicación a través de acciones regulatorias y administrativas, incluyendo la persecución penal.

El organismo contabilizó casi 100 incidentes relacionados con activistas de derechos humanos, periodistas, líderes sindicales y otros, incluyendo dos asesinatos y otros seis actos violentos.

El viernes, el director del grupo venezolano de derechos humanos sin ánimo de lucro FundaRedes, Javier Tarazona, fue detenido tras denunciar a las autoridades que estaba siendo acosado por funcionarios de la inteligencia nacional. Otros dos activistas del grupo también fueron detenidos.

Petróleo y EE. UU.

El informe de la ONU señala que las sanciones se suman a los problemas de Venezuela, sumida en una profunda crisis política, social y económica atribuida a la caída de los precios del petróleo y a dos décadas de mala gestión de los gobiernos socialistas.

  • Llevan años en recesión. Millones de personas viven en la pobreza en medio de los altos precios de los alimentos, los bajos salarios y la hiperinflación.

Bajo la presidencia de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones paralizantes, buscando aislar a Maduro.

Esas restricciones han dificultado que Venezuela desarrolle, venda o transporte su petróleo, la columna vertebral de su economía. La Unión Europea también ha impuesto sanciones.

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