Golpe de Estado internacional denunciado desde Venezuela

A raíz de la instalación del “Tribunal Supremo” paralelo en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el beneplácito y auspicio de su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, la reacción del ente venezolano oficial, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ha sido contundente.

Su presidente, el magistrado Maikel Moreno, fue enfático al afirmar que se trata de un “golpe judicial” con participación de “un grupo de usurpadores que pretenden promover acciones golpistas e intervencionistas en contra de la justicia venezolana”.

A través de un comunicado oficial, Moreno no dudó al presentar las posibles consecuencias de esta acción: “Cualquier tipo de legitimación por alguna nación en reconocimiento de ese grupo usurpador, solo traerá consecuencias negativas a los procedimientos en materia penal, tratados internacionales, acuerdos mutuos en materia judicial, convenios multilaterales“.

En efecto, tal acción busca por un lado desprestigiar la acción judicial de la nación suramericana, y como efecto secundario continuar el ataque internacional contra la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), a expensas de los más de 8 millones de venezolanos que eligieron a través de las urnas a los constituyentes que la integran.

Al menos eso se desprende de las propias declaraciones de Almagro durante el acto en la OEA, donde además ratificó la postura contra el TSJ, del cual aseguró que es “hijo de la Asamblea Nacional Constituyente y definitivamente está deslegitimado por sus acciones contra la democracia”. Eso, a pesar de que el judicial es uno de los cinco poderes autónomos y su propia configuración data de tiempo antes de la llegada de la ANC.

Aunque la reunión se desarrolló en la sede del organismo internacional, este no funcionará como sede del anti-TSJ, sino que el mismo funcionará en una oficina privada no especificada en Washington, capital de Estados Unidos, principal confrontador de Venezuela y su proceso político.

Los “magistrados” que integran este ente instalado por Almagro son los nombrados por la Asamblea Nacional en desacato, cuya mayoría opositora realizó el trámite fuera de lapso y sin seguir los pasos especificados por la propia Constitución venezolana. En otras palabras, no tiene carácter vinculante ni muchos menos legal en el marco jurídico venezolano e internacional, por lo que actualmente quienes participaron de dicha instalación están bajo solicitud de la justicia de dicho país.

JI

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