Como Plan de Defensa de Circulación del Cono Monetario fue dada a conocer por el ministro de Economía y Finanzas de Venezuela, Ramón Lobo, la nueva estrategia del Gobierno que busca frenar una de las aristas de la arremetida económica que sufren los venezolanos, como es la obtención del dinero en efectivo.
Desde finales del año pasado el presidente Nicolás Maduro ha presentado pruebas irrefutables de los mecanismos que los poderes económicos nacionales e internacionales aplican para acabar con la moneda venezolana.
En diciembre se tuvo que anunciar la salida de circulación del billete de 100 bolívares para que pudieran retornar los miles de millones de billetes que habían logrado sacar del país; como medida paralela se puso en circulación un nuevo cono monetario, billetes que hoy deberían estar circulando libremente entre los venezolanos y retornar en un flujo natural a los bancos públicos y privados y al Banco Central de Venezuela.

Pero no ha sido así. A pesar de los esfuerzos evidentes del Estado venezolano por mantener un equilibrio monetario se perciben los mismos ataques por nuevos flancos, que mellan la economía nacional y avivan el malestar del pueblo sometiéndolo a incómodas colas para retirar un máximo de 30 mil bolívares.
El último modus operandi de las mafias del efectivo es ofrecer a los venezolanos una “alternativa” para obtener dinero rápido ahorrándose la cola del banco o del cajero electrónico. De manera cínica, una enorme red de establecimientos comerciales le “hacen el favor” a la gente de entregarle cualquier suma de efectivo a cambio del 20% de interés. Lo que representa a todas luces un robo solapado bajo una supuesta legalidad y una usurpación por parte de comerciantes que no tienen competencia pero fungen como bancos.
Muchos usuarios han denunciado la asociación de ésta con otra red, no menor, de gerentes de la banca privada y pública, que facilitan cantidades ilimitadas de efectivo a los comerciantes especuladores para realizar operaciones ilícitas.
El Plan anunciado por el ministro Lobo contempla la revisión de los miles de puntos de venta de pago electrónico que funcionan en todos los comercios del país, para corroborar que verdaderamente se estén utilizando honradamente por los correspondientes proveedores y no estén siendo alquilados para el robo a los ciudadanos.
CD