Voluntad Popular, brazo armado de la oposición venezolana

La mañana del pasado 11 de enero el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvo a Gilber Caro, diputado suplente a la Asamblea Nacional por el partido Voluntad Popular (VP). Según informó el Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, la medida se debió a que Caro promovía “actos de terrorismo”.

Al momento de su detención, en el peaje de Guacara, estado Carabobo, portaba un fusil calibre 7,62 mm, con inscripciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y serial devastado, además de tres barras de explosivo plástico (C-4) y dinero en efectivo, explicó El Aissami.

Caro venía de reuniones en la frontera colombo-venezolana, en Ureña (estado Táchira) y en Cúcuta, territorio colombiano. Luego, habría acudido al estado Mérida para reunirse con el Movimiento 13, de la Universidad de los Andes. Fue capturado cuando se dirigía a un encuentro con el alcalde del municipio Naguanagua (Carabobo), Alejandro Feo La Cruz, también militante de VP.

Diosdado Cabello, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, reveló un audio que vincularía a Caro con Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, en un plan de fuga del mismo de la cárcel de Ramo Verde.

https://www.youtube.com/watch?v=WfaC3m2I1v4

No es el primer caso de miembros del partido opositor que se ven envueltos en hechos como este. En octubre de 2016, José Vicente García, concejal en el estado Táhira, fue detenido en posesión de granadas y uniformes militares.

Estaba siendo investigado por el Sebin, a razón de su participación en la organización y financiamiento de focos violentos en la entidad tachirense, una de las que ha visto peores episodios de violencia en las calles.

Para el máximo dirigente del partido, se trató de un ataque a la «lucha democrática»:

A finales de agosto, fue Yon Goicochea. Tenía en su poder cordones detonantes para explosivos. Esto fue dos días antes de la marcha convocada por la oposición, denominada como “La Toma de Caracas”.

Goicoechea había sido acusado en 2011 de participar en la “Fiesta Mexicana”, una reunión realizada en México en la cual se planificaban maniobras para el derrocamiento del Gobierno venezolano.

Anteriormente formó parte del partido Primero Justicia, pero tras su regreso de Nueva York, Estados Unidos (donde vivió desde 2012 hasta el presente año), se unió a las filas de VP.

Sobre Carlos Vecchio pesa una orden de aprehensión por delitos como instigación pública, incendio intencional, asociación para delinquir y daños a la propiedad pública y privada, a raíz de las guarimbas (protestas violentas) del año 2014, auspiciadas por la dirigencia de la tolda naranja. Ese mismo año huyó a los Estados Unidos, y continúa prófugo de la justicia venezolana.

También por dichas acciones de 2014, que formaron parte del plan “La Salida”, fueron encarcelados Rosmit Mantilla (hoy en libertad y diputado suplente a la AN) y Ángel Contreras, militantes de VP.

Entre los casos más sonados está el de José Pérez Venta, acusado como autor material del homicidio de Liana Hergueta, con quien se reunió con la excusa de una compra-venta de dólares que finalizó con el abuso sexual, la tortura, asesinato y descuartizamiento de la joven, también militante opositora.

Aunque medios privados pretendieron desvincular a Pérez Venta de sus filiaciones con Voluntad Popular y otras organizaciones de oposición, tanto su testimonio como evidencia fotográfica lo sitúan en el entorno cercano de dirigentes como Leopoldo López, de cuyo anillo de seguridad formaba parte.

A mediados del mes de junio de 2016, Gabriel San Miguel y Francisco Márquez Lara fueron detenidos teniendo cerca de 3 millones de bolívares cuya procedencia no pudieron justificar. En el vehículo en que viajaban también había material panfletario en apoyo a Leopoldo López. Según explicaron funcionarios del Sebin, el dinero estaría dirigido al financiamiento de acciones terroristas.

Ambos eran funcionarios de la Alcaldía de El Hatillo, cuya máxima autoridad, David Smolansky, es también dirigente de Voluntad Popular. Este municipio está ubicado a unos 300 kilómetros del lugar de su detención, en el estado Cojedes.

Estos son solamente algunos de los casos. En reiteradas ocasiones, autoridades venezolanas han capturado a militantes de dicho partido en situaciones similares: con porte ilegal de armamento o dinero para financiamiento de la violencia.

Esto sin contar el encarcelamiento del mismo Leopoldo López, o los terribles hallazgos en campamentos de calle durante las guarimbas de 2014: además de lo antes mencionado, habrían sido incautadas drogas, alcohol y explosivos de elaboración casera.

JI

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