Durante los dos últimos gobiernos de Venezuela se ha hablado mucho sobre la garantía de los Derechos Humanos (DD.HH.) en el país caribeño, especialmente desde que Nicolás Maduro asumió como presidente de la República en 2013.
Numerosos medios de comunicación, especialmente los españoles, señalan constantemente supuestas prácticas violatorias por parte del gobierno de Maduro. No obstante, Venezuela pertenece al Consejo de DD.HH. de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo cual resultada paradójico si tomamos como reales las acusaciones publicadas por los medios. Así que cabe preguntarse si es Venezuela garante de los Derechos Humanos.
Según medios de la prensa española como El Mundo, La Razón, ABC y El País, gobiernos adversos a los presidentes Chávez y Maduro, así como diversas ONG’s venezolanas e internacionales, acusan al gobierno chavista de deteriorar la garantía de los DD.HH. Los principales señalamientos tienen que ver con la intolerancia política y represión a la oposición por parte del gobierno, así como la supuesta persecución de políticos de la derecha venezolana.

Lo incongruente de estas acusaciones es que recientemente la ONU ratificó a Venezuela como país garante y respetuoso de los Derechos Humanos de su población. Durante una sesión del Consejo de DD.HH. en Ginebra a finales de septiembre pasado, el gobierno paraguayo trató de acusar a Venezuela formalmente de violar los derechos fundamentales, por lo cual se realizó una votación en la que el país caribeño salió airoso con 88 votos a favor y 21 votos en contra, muchos de los cuales fueron emitidos por enemigos de la Revolución Bolivariana como Estados Unidos, país además con doble rasero moral por sus prácticas de tortura, solo por mencionar un ejemplo.

Cabe recordar que Venezuela fue elegida en 2012 con 154 votos de 193 posibles para formar parte del mencionado Consejo de DD.HH durante tres años. Posteriormente, en 2015 fue reelegida con 131 votos a favor para tres años más. Esto se puede traducir como muestra de la aprobación mundial hacia la gestión del gobierno chavista en materia de la defensa de los DD.HH., así como del conocimiento que tienen sobre lo que realmente sucede en Venezuela.
Por otra parte, llama la atención el caso español. Mientras que el Consejo de DD.HH. respalda la garantía de derechos fundamentales en territorio venezolano, el mismo Consejo reprobó al gobierno español en 26 apartados por el incumplimiento del Pacto Fundacional y emitió numerosas críticas por la persistencia de leyes y prácticas contrarias a los Derechos Humanos.
La reprobación es tal que la ONU indicó que España tendrá que repetir el curso de Derechos Humanos por incurrir en prácticas violatorias como Expulsiones en caliente, Racismo policial, Desigualdad de género, Violencia machista, Trata de personas, Ley Mordaza, Esterilización de discapacitados, Aborto ilegal, Centros de Internamiento de Extranjeros. Paradójicamente, el gobierno español es uno de los principales críticos en materia de DD.HH. contra el presidente Maduro.

En contraste, Venezuela en los últimos años ha desarrollado todo un marco jurídico para la protección de la población más vulnerable en el país, inexistente previo a la llegada de Hugo Chávez a la presidencia. Hoy día existen leyes y programas sociales que protegen a las mujeres, a los indígenas, a los adultos mayores, a las personas en situación de calle y en situación de pobreza. Siguen existiendo problemas que resolver en materia carcelaria y en seguridad ciudadana pero existe la voluntad por parte del gobierno en ir resolviendo dichos temas.
Un ejemplo de ello son los 1.312 funcionarios de cuerpos de seguridad fueron imputados durante 2015; se acusaron a 959 y se encuentran privados de libertad 132 de los cuales 97 están condenados, de acuerdo al balance 2015 presentado por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Agregó que por la presunta comisión del delito de tortura se acusaron a 29 funcionarios y por el delito de tratos crueles inhumanos y degradantes fueron acusados 513.
“En el Ministerio Público actuamos para ser efectiva la vigencia de los derechos humanos, los cuales se garantizan con su preeminencia y con sanciones ejemplarizantes frente a su violación”, señaló durante su comparecencia ante la Asamblea Nacional en febrero de 2016.

Esta es una diferencia sustancial con respecto a los gobiernos del Bipartidismo (Acción Democrática y Copei) cuando rara vez se abrían investigaciones para determinar la culpabilidad de los funcionarios de los cuerpos de seguridad, quienes mantenían políticas persecutorias y represivas contra detractores de los gobiernos de aquel entonces.
Un ejemplo de ello es el ataque de las ballenas de la extinta Policía Metropolitana que disparaban fuertes chorros de agua contra un grupo de adultos mayores que exigían sus derechos cuando Antonio Ledezma era el gobernador de Caracas. También se pueden mencionar las masacres de El Amparo, Yumare y Cantaura, casos de los cuales ningún gobierno que hoy día critica a Venezuela, se pronunció en su momento para exigir investigaciones a los responsables materiales e intelectuales de los hechos.
Así que, ¿es Venezuela garante de los DD.HH?

JA