Desde hace algún tiempo hasta la fecha, es decir, en capítulos anteriores, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, dejó de acompañar a los comités de víctimas de las guarimbas y otras organizaciones en defensa de los derechos humanos. De pronto, se coloca del lado de aquellos a los que una vez señaló como terroristas.
La ausencia de signos de puntuación en las actas policiales, son su excusa para liberar extremistas que pretenden incendiar un país entero.
Desde la semana pasada, intenta recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia para acompañar la acción violenta que emprende la derecha en la calle, de hecho, analistas en Venezuela relacionan sus más efusivas declaraciones con los repuntes de hechos violentos de este sector.
Este martes, acudió de nuevo al TSJ, para solicitar ante la Sala Plena del máximo tribunal, un antejuicio de mérito contra seis magistrados de la Sala Constitucional: José Mendoza, Arcadia Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez, así como los suplentes: Federico Fuenmayor y René De Graves.
Su argumento, es que las sentencias que ha emitido esta instancia, «producen una ruptura del orden constitucional.
«Frente a la negación y desconocimiento del Estado de Derecho me vi en la necesidad de solicitar este antejuicio de mérito porque es necesario la paz en la República», dijo a los medios la funcionaria, que ha trancado el paso a la paz, abriendo la puerta de la impunidad.
Los magistrados que intenta desconocer, fueron avalados por ella misma en 2015, según aseguró el defensor del pueblo Tarek William Saab, y nombrados por la Asamblea Nacional el 23 de diciembre de ese año, en la misma sesión donde Ortega fue ratificada en la Fiscalía.
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JS