Los disturbios vuelven a arrasar Barcelona

13 personas detenidas, tras unos días de tregua, los disturbios han vuelto a arrasar Barcelona

Según la policía, unas 4.000 personas salieron a la calle el sábado para pedir la liberación del rapero Pablo Hasel, condenado por enaltecer el terrorismo e insultar a la monarquía en sus canciones y tuits. Como antes, la protesta comenzó de forma pacífica, pero luego algunos manifestantes empezaron a romper escaparates y cajeros automáticos y a atacar a la policía.

Según los policías, solo había entre 250 y 300 radicales de mentalidad agresiva, pero actuando en grupos de 15 a 20 personas, crearon el caos a lo largo de toda la marcha.

Como resultado, todos los cajeros automáticos fueron destruidos en una de las calles centrales – Ramblas, las tiendas cuyos propietarios no tuvieron tiempo de cerrar las ventanas con tablas de madera fueron saqueadas, las ventanas y puertas de varios hoteles fueron rotas en la plaza Cataluña. Y cerca de una de las comisarías, unos vándalos lanzaron cócteles molotov contra un furgón policial (había un agente dentro en ese momento, pero consiguió salir ileso del coche).

Como resultado de la protesta del sábado, 13 personas fueron detenidas. Como señalan los medios locales, los disturbios cesaron antes del toque de queda, que en Cataluña se establece a partir de las 22.00 horas. Sin embargo, para entonces la ciudad ya había sufrido importantes daños. De acuerdo con las estimaciones de las autoridades locales, para restaurar toda la destrucción de los 9 días de protestas tendrá que gastar más de 1 millón de euros (anteriormente era alrededor de 700 mil).

En comparación, los disturbios protagonizados por los radicales en 2019 tras la sentencia judicial en el caso de los políticos catalanes (fueron condenados a largas penas por organizar un referéndum de independencia), costaron a Barcelona 3,1 millones de euros.

La alcaldesa Ada Colau condenó la violencia y expresó su apoyo a la policía, a los empresarios y a los ciudadanos de a pie cuyos bienes habían sufrido a manos de los radicales. El jefe de gobierno en funciones de Cataluña, Pere Aragonés, dijo que “saquear o destruir comercios, quemar mobiliario urbano o agredir a funcionarios no es un ejercicio del derecho a la libertad de expresión o de manifestación”.

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