El pasado viernes, el diputado regional del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Marcelo Freixo, compareció ante los periodistas en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro para dar declaraciones sobre las amenazas de muerte recibidas en su contra.
Al parecer la Policía de Río descubrió que unos milicianos, grupos paramilitares integrados por ex policías que controlan las actividades ilegales en los barrios, planeaban asesinar al Diputado. Si dicha acción no se hubiera descubierto, podría haber sido el segundo político de visibilidad asesinado en la ciudad en menos de un año en Brasil. Todo esto considerando que en el mes de marzo, la edil Marielle Franco, perteneciente al mismo partido político, fue fusilada en plena calle junto a su chófer en una de las áreas más populares del centro.
El Diputado aprovechó la rueda de prensa para aclarar que las constantes amenazas de muerte que recibe desde hace años, y que han pasado a incluir referencias explícitas a su familia, se intensificaron durante el proceso de destitución de la Presidenta Dilma Rousseff y tras el asesinato de Marielle Franco.
Este tipo de situaciones como en la que se ve implicado Freixo, son la punta de lanza y se extienden, no solo a otras figuras públicas, sino también a las que actúan alejadas de los focos, principalmente en el campo, con la defensa de la Reforma Agraria, derechos indígenas o de los recursos naturales.
En este sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al Gobierno brasileño para que tome medidas que permitan proteger la vida del Diputado e investigar las amenazas para lograr esclarecer este tipo de irregularidades.
AM