La Casa Blanca insiste en el Golpe de Estado

William Barr, fiscal general de Estados Unidos encabezó este jueves una declaración en la que anunció la presentación de cargos criminales por narcotráfico contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y otras autoridades nacionales que incluyen al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, ministro de Interior, Justicia y paz, Néstor Reverol, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, entre otros.

El motivo: acusan a Venezuela de emprender junto a las Farc (organización colombiana convertida hoy en partido político tras el proceso de paz en ese país) de emprender una conspiración narcoterrorista para inundar a EEUU de cocaína. Colombia, mayor productor y principal distribuidor de esa droga en el mundo, no tiene ningún señalamiento de este tipo.

«No reconocemos a Maduro como presidente de Venezuela, pero esto ya pasó con (Manuel Antonio) Noriega ( Panamá 1989), a quien tampoco reconocíamos». El no reconocimiento a Noriega derivó en la invasión a Panamá en 1989, el bombardeo al barrio El Chorrillo y un número aún indeterminado de muertes en el país centroamericano.

Evidentemente se trata de una profundización de la presión contra Venezuela, en contravía con la petición que han hecho voces del mundo entero para frenar las sanciones contra la nación latinoamericana, en el contexto de la pandemia por COVID-19. La alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea se cuentan entre quienes se han pronunciado al respecto.

El panorama interno incluso parecía moverse hacia la posibilidad de un acuerdo político para enfrentar el avance de la pandemia y el manejo de recursos para tal fin, no obstante, las declaraciones de Estados Unidos y el ofrecimiento de una recompensa por 15 millones de dólares a quien suministre información que facilite la captura del presidente Maduro y 10 millones por el resto de funcionarios venezolanos, implosiona las posibilidades de avanzar en ese camino.

La jugada estadounidense claramente está orientada a cerrar el camino de los acuerdos, impedir la vía de los préstamos para atender la emergencia sanitara y facilitar el escenario para un golpe de Estado. De hecho, la declaración norteamericana facilita el panorama de un caos nacional provocado por la posibilidad de saqueos, actos terroristas y situaciones de violencia que, aunado a la coyuntura sanitaria por el COVID-19 terminen de propiciar el objetivo final que es el derrocamiento del gobierno venezolano.

Todo esto podría tener relación con la denuncia reciente que hiciera el Gobierno venezolano, sobre la captura en Riohacha, Colombia, de un ciudadano con un arsenal de armas, quien habría confesado que los fusiles iban a ser entregados una persona, alias pantera, miembro de un núcleo terrorista que se entrena en esas zonas y compila armas para atacar a Venezuela «en cualquier momento».

Esto ocurre mientras que, debido a la «gran aceleración» de las infecciones por COVID-19 en ese país, la Organización Mundial de la Salud declaró que Estados Unidos podría convertirse en epicentro de la pandemia que ha paralizado al mundo: a la fecha, se cuentan unos 70 mil casos de contagio en todo el EEUU y 1050 fallecidos, las estadísticas no incluyen a los migrantes indocumentados. Se avecina una crisis económica global producto del virus, el congreso estadounidense se debate entre aplicar un rescate al sector empresarial o apoyar a las familias.

No obstante, sus autoridades eligen el camino de aumentar la presión sobre Venezuela y un incremento en las sanciones contra Irán, que involucran a 15 personas y 5 instituciones de la nación persa.

Jessica Sosa/Hinterlaces

Revelan nuevo complot internacional contra el gobierno de Venezuela

Artículos relacionados