El 11 de enero de 2002, el gobierno de EE.UU. presidido por el entonces presidente republicano, George W. Bush, envió a la base de la Marina estadounidense situada en la isla de Cuba a los primeros prisioneros quienes procedían de Afganistán, cuatro días después de que ocurrieran los atentados del 11 de septiembre.
Han pasado 15 años, y continúan ingresando ciudadanos de todo el mundo acusados de terrorismo a una cárcel ilegal, quienes son sometidos a torturas sistemáticas, abusos y otras violaciones de los derechos humanos.
El territorio que ocupa la prisión tiene más de 100 años en situación de ilegalidad, y Washington decidió instalar una base militar en ese espacio perteneciente a Cuba, procedimiento que ha sido juzgado por la comunidad internacional.
Entre los delitos más denunciados por la comunidad internacional está la desaparición y alimentación forzada, el uso excesivo de la fuerza y la detención arbitraria, de la cual han sido víctimas cientos de personas.